El comité de Urbaser rechaza reunirse con la exalcaldesa Pelayo, con la que no se ven las caras desde verano de hace cinco años, meses antes de estallar la huelga más salvaje que se recuerda en la ciudad.
Corría finales de 2012. Las calles de Jerez se veían desde el cielo como un inmenso estercolero. Periódicos internacionales se hacían eco de la grave crisis que atravesaba a la ciudad más endeudada de España y una de las que, por aquel entonces, batía todos los récords de paro habidos y por haber. Vecinos quemaban contenedores por valor de 150.000 euros con cargo al erario público, 3.000 toneladas llegaban a amontarse en plazas y avenidas después de 21 días de huelga salvaje. La alerta sanitaria era ya inminente. La plantilla de Urbaser, concesionaria de los servicios de limpieza y recogida de residuos, los barrenderos y basureros del municipio, trataba de frenar un ERE para 125 empleados tras un recorte de 4 millones anuales al presupuesto que el Ayuntamiento dedicaba a estas prestaciones obligatorias y esenciales. Cinco años después del colapso, de que la ciudad literalmente tocase fondo convertida en cloaca, los representantes de los trabajadores de estos servicios se han negado a mantener una reunión solicitada por la exalcaldesa María José García-Pelayo.
En un duro comunicado de prensa, firmado por todo el comité sin fisuras, han instado a la dirigente popular a que "se olvide de nosotros e incluso de los ciudadanos de Jerez". Pelayo, que no se reúne con los representantes de la plantilla desde verano de 2012, antes de que estallara brutalmente el conflicto, "no se va a sentir abanderada de temas de limpieza y sus trabajadores, ya que fue la que inició el desmantelamiento de este servicio, y fue la que trasladó, negoció e incitó al planteamiento del despido de 125 trabajadores". Una medida, recuerdan, que finalmente se frenó gracias a que la plantilla aceptó bajarse un 15% el salario. Llamativamente, exponen que el séptimo día de huelga había las mismas condiciones en la mesa de negociación que el día 21 de movilizaciones, cuando ya ardía la ciudad. "Aquí es donde se demuestra el ensañamiento que tuvo esta alcaldesa con la plantilla de trabajadores de Urbaser".
Dicho ensañamiento, añaden, se visualizó también en "la vigilancia y el seguimiento domiciliario de policías secretas a trabajadores y miembros del comité de empresa a causa de los disturbios que se originaron en Jerez. Al final, quedó demostrado tras varios juicios que los trabajadores no estaban implicados absolutamente en nada". Igualmente, "secuestraron a más de 400 trabajadores en el polígono industrial El Portal, a través de la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad "más potentes", donde durante más de ocho horas no se dejó a ningún trabajadores moverse de allí, retirándoles el DNI, algo totalmente ilegal".
Pelayo, que ha dicho que "no conoce la situación actual del servicio" y por eso quiere mantener dicho encuentro con el comité, es la que, según los representantes de la plantilla de Urbaser en Jerez, "originó la situación actual" y la que "no asumió ninguna responsabilidad". Dicho desmantelamiento paulatino en medios humanos y materiales sumará a finales de 2019 la pérdida de más de 100 trabajadores en este servicio público. En paralelo, gracias a los créditos ICO —cambio de deuda comercial por bancaria—, la concesionaria cobró del Ayuntamiento una deuda de 82 millones de euros, "débito tanto de su gobierno como de otros".
Asimismo, también han reprochado que el PP en su momento vertiera declaraciones sobre anteriores negociaciones colectivas en este servicio, "muy por encima de las posibilidad y muy por encima del IPC", ante las cuales "se dio a todos los medios un escrito donde venían reflejadas a través del BOJA todas nuestras negociaciones y todas dentro del IPC". En este punto, argumentan, "no hemos escuchado a este grupo de amiguetes hablar de sus sueldos en el Ayuntamiento, en el Parlamento, en el Congreso, ni de sus dietas, ni sus pagos en desplazamientos... solo hablan de la clase trabajadora y de cómo exprimirla al máximo con el menor sueldo posible".
El PP, que en aquellos momentos llegó a decir que "Jerez va a estar como una patena", ha asegurado en respuesta al comunicado del comité de Urbaser que seguirá intentando mantener una reunión con la plantilla y que la ciudad "está más sucia que hace dos años", momento en el que salió del poder local. En una nota de prensa que ahora firma Antonio Saldaña, parlamentario y coportavoz municipal, ha recordado que los acuerdos que se adoptaron durante el mandato del Partido Popular en Jerez "fueron todos propuestos y acordados por los propios trabajadores para salvar el servicio y los puestos de trabajo", y ha añadido que "la opinión manifestada por el comité de empresa no se corresponde con lo que piensan los trabajadores del servicio que mayoritariamente consideran importante dialogar con todas las fuerzas políticas". Pero la respuesta previa ya ha sido más que contundente: "Desde el comité, y en representación de los trabajadores, le solicitamos que se olvide de nosotros, incluso de los ciudadanos de Jerez, con todo lo que respecta a la limpieza pública, ya que están hartos de tanta mentira, pues todo lo que toca hay que tirarlo a la basura".
Actualmente, Urbaser percibe unos 20 millones de euros de presupuesto anual por parte del Consistorio jerezano que sirven para financiar el deficitario servicio de limpieza y basura. El contrato con el Ayuntamiento expira en 2019, año de elecciones municipales, pero el gobierno local ya ha dejado claro que es inasumible la gestión directa del mismo previa municipalización. Esta cuestión, que reclaman grupos como IU, tampoco la tienen claro los trabajadores, puesto que aunque es una vieja aspiración, reconocen en el mismo comunicado que "la concesionaria sí ha pagado a sus trabajadores siempre en día y fecha".
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