El Partido Animalista Pacma ha valorado de forma positiva la resolución administrativa que estima su denuncia por la bueyada infantil celebrada el 10 de agosto de 2024 en el municipio jienense de Castellar. El evento, organizado por el Ayuntamiento, ha derivado finalmente en la imposición de una sanción administrativa por parte de la Junta de Andalucía, tras constatarse el incumplimiento de la normativa vigente en materia de sanidad animal y control de concentraciones ganaderas.
La formación animalista había presentado la denuncia al considerar que la actividad suponía un uso inadecuado de animales en un contexto festivo, con el agravante de estar orientada al público infantil. Desde Pacma se sostenía que este tipo de actos vulneran los principios básicos de protección y bienestar animal, independientemente de que se desarrollen bajo el amparo de celebraciones populares o tradiciones locales.
En una primera fase del procedimiento, tanto el Ayuntamiento de Castellar como diferentes instancias administrativas defendieron que la bueyada no podía calificarse como festejo taurino ni era susceptible de sanción, al no haberse utilizado reses de lidia. Esta interpretación inicial llevó a descartar, en un primer momento, la existencia de irregularidades en la organización del evento.
No obstante, la intervención posterior del Departamento de Sanidad Animal de la Delegación Territorial en Jaén, adscrito a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, permitió una revisión técnica más exhaustiva de los hechos. El análisis concluyó que la actividad incumplió la normativa aplicable, lo que motivó la apertura del expediente sancionador y la correspondiente resolución administrativa.
Estrés para los animales
El informe técnico elaborado por este departamento subraya que la concentración de bueyes en vías públicas, rodeados de personas sin experiencia en el manejo de este tipo de animales, genera situaciones de estrés, incomodidad y molestias para los ejemplares. Estas circunstancias se consideran incompatibles con los principios de bienestar animal que deben regir cualquier actividad pública en la que se utilicen animales. Además, se constató que el Ayuntamiento no realizó la comunicación previa obligatoria a la autoridad competente.
Pacma ha señalado que esta resolución debería tener un efecto preventivo y disuasorio para otras administraciones locales. La organización advierte de que la celebración de actividades similares puede acarrear consecuencias legales, incluso cuando se presenten como actos lúdicos o tradicionales, y recalca la necesidad de que los ayuntamientos extremen el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección animal.