Las dos cuidadoras y la directora de un centro de educación infantil de Jaén, detenidas por su presunta implicación en malos tratos a varios menores, han quedado en libertad en calidad de investigadas tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad. La causa continúa abierta mientras se esclarecen los hechos denunciados, que afectan al menos a una quincena de niños.
Las dos educadoras están siendo investigadas por presuntos malos tratos en el ejercicio de sus funciones, mientras que la directora del centro afronta acusaciones relacionadas con un delito contra la Administración de Justicia y coacciones. Pese a la gravedad de las imputaciones, el centro educativo ha permanecido abierto durante la jornada del miércoles, desarrollando su actividad habitual.
De acuerdo con la información facilitada por la Policía Nacional, a las cuidadoras se les atribuye haber forzado a los menores a ingerir alimentos, llegando en algunos casos a provocarles el vómito. Estas prácticas habrían tenido lugar de manera reiterada en el contexto de la alimentación diaria de los niños bajo su cuidado.
Asimismo, la investigación apunta a que, en determinadas situaciones, algunos menores eran encerrados en un cuarto de baño sin luz como medida de castigo. Esta conducta se habría producido, según las pesquisas policiales, cuando los niños se negaban a comer o cuando lloraban, generando un entorno que los investigadores consideran potencialmente perjudicial para su bienestar.
Las denuncias
La actuación policial se inició a partir de una denuncia presentada por varias alumnas en prácticas del propio centro. Estas estudiantes trasladaron a sus tutoras responsables una serie de comportamientos que consideraron irregulares durante el cuidado de los menores, lo que derivó en la apertura de una investigación por parte de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Jaén.
En el transcurso de las indagaciones, los agentes han señalado que la directora, tras conocer la existencia del procedimiento, habría mantenido reuniones individuales con padres de alumnos para advertirles de futuras citaciones policiales. Según la investigación, también habría intentado influir en sus declaraciones asegurando que los hechos denunciados no eran ciertos y que los menores se encontraban en buen estado. Además, se le atribuye haber presionado a las alumnas denunciantes para que se retractaran, advirtiéndoles de posibles consecuencias negativas, incluidas acciones legales que podrían afectar a su futuro profesional.