El municipio de Vilches, en la provincia de Jaén, lleva semanas inmerso en un encendido debate público sobre la instalación de una macroplanta de biometano promovida por la empresa Genia Bioenergy, que procesaría 125.000 toneladas al año de residuos orgánicos —fundamentalmente purines porcinos y alperujo— para producir gas destinado a la exportación a Europa.
El cruce de comunicados entre la Agrupación de Defensa Sanitaria del Ganado Porcino (ADS) y la Plataforma Stop Biometano Vilches ha sacado a la luz un conflicto que va más allá de la planta: el debate sobre el modelo industrial y medioambiental que Vilches quiere para su futuro.
La Plataforma Stop Biometano Vilches ha respondido con dureza al comunicado publicado por la ADS en el Diario Jaén, en el que el sector ganadero calificaba de "desinformación" los argumentos de quienes se oponen al proyecto. Para los vecinos contrarios a la planta, la relación entre la macroplanta y las granjas porcinas es "más que evidente": a mayor producción de biometano, mayor necesidad de residuos orgánicos para alimentar el proceso.
Y según datos aportados por Máximo Florín Beltrán, profesor de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universudad de Castilla-La Mancha, en una conferencia celebrada en la localidad el pasado 15 de febrero, la planta no solo procesaría los residuos del término municipal, sino que necesitaría importar un 8% adicional de fuera. "El efecto llamada está servido", concluye la plataforma.
Macrogranja, vertidos y la ley que nadie cumple
Otro de los focos del conflicto es la solicitud de Autorización Ambiental Integrada (AAI) presentada ante la Junta de Andalucía para la ampliación de una explotación porcina que superaría los 5.000 cerdos de cebo, cifra muy por encima del umbral de 2.000 cerdos que la comunidad científica utiliza para definir una macrogranja.
La plataforma vecinal ejerció su derecho a presentar alegaciones durante el periodo de información pública y defiende que "cualquier ciudadano, entidad o colectivo tiene ese derecho, como también lo tiene la localidad a elegir el tipo de instalaciones que quiere acoger".
La denuncia más grave formulada por los vecinos apunta a los vertidos documentados de purines a acuíferos de la cuenca del Guadalén, entre Arquillos y Vilches, y a la falta de respuesta de las autoridades competentes. En su comunicado, la plataforma señala que no se cumple la Ley de Residuos 7/2022, que establece el principio de "quien contamina paga", y acusa a las autoridades locales y medioambientales de "permisividad" al ni hacer cumplir la norma ni sancionar las infracciones. Las consecuencias que describen son la contaminación por amoniaco y nitratos presentes en los purines, malos olores, insectos y un impacto permanente sobre la calidad de vida de los vecinos.
El sector porcino: 115 empleos directos y 32 millones de facturación
El sector ganadero porcino tiene una presencia histórica en Vilches y defiende su peso económico con cifras concretas. Según datos de la ADS y del propio sector, las explotaciones de la comarca generan 115 puestos de trabajo directos y facturan en torno a los 32 millones de euros anuales, colocando a Vilches como una referencia nacional en la producción y exportación de carne de cerdo, con unas 40.000 plazas de ganado en la zona.
La plataforma vecinal, sin embargo, cuestiona el impacto real de esas cifras en el bienestar del municipio. Recuerda que la mayoría de las granjas porcinas ya no pertenecen a ganaderos locales, sino a compañías de otras provincias e incluso extranjeras, y que la alta automatización del sector limita drásticamente la creación de empleo: la explotación cuya ampliación se solicita pasaría, según sus datos, de 1 a 2 trabajadores. "Cuantiosos beneficios económicos en pocas manos, pocos puestos de trabajo y perjuicios para los vecinos", resume el comunicado de Stop Biometano Vilches.



