Los familiares y heridos del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba) han anunciado la creación en Huelva de la denominada Plataforma onubense de afectados y familiares por el accidente ferroviario de Adamuz, con el objetivo de coordinar la respuesta judicial tras el siniestro. La iniciativa pretende agrupar a las víctimas mortales y a los numerosos damnificados, tanto con secuelas físicas como psicológicas, bajo una estrategia común para exigir responsabilidades.
Según ha informado la propia entidad en un comunicado difundido este domingo, la plataforma busca canalizar todas las actuaciones legales derivadas del suceso y garantizar que se investiguen los hechos hasta sus últimas consecuencias. Entre sus fines figuran la depuración de posibles responsabilidades civiles y penales, así como la obtención de las indemnizaciones que correspondan a los afectados.
La dirección jurídica del colectivo recaerá en el abogado onubense José Luis Orta Prieto, profesional con más de tres décadas de experiencia en procedimientos complejos y de gran repercusión social. Entre los casos citados por la plataforma figuran la representación de la Asociación de Bebés Robados de Huelva entre 2012 y 2024 y su intervención en el proceso por el atropello mortal múltiple de Gibraleón, que concluyó con una condena de conformidad de 18 años de prisión.
La estrategia legal anunciada pasa por la personación directa en los Juzgados de Montoro (Córdoba), órgano encargado de instruir la causa. Desde la plataforma aseguran que la intención es “avanzar por el camino más efectivo y correcto” para esclarecer las circunstancias que rodearon la tragedia y asegurar que se dicten las resoluciones judiciales pertinentes.
El colectivo considera que la unificación de los afectados permitirá evitar la dispersión de recursos y reforzar su posición frente a las entidades ferroviarias y las compañías aseguradoras implicadas. Asimismo, ha habilitado vías de contacto para quienes aún no se hayan adherido a la iniciativa, entre ellas un número de teléfono y una dirección de correo electrónico.
La reacción del Colegio de Abogados
Tras conocerse la creación de la plataforma, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Huelva difundió un comunicado en el que recuerda que la captación de clientes por parte de letrados en situaciones de tragedia “está expresamente prohibida por el Código Deontológico de la Abogacía y supone un atentado muy grave contra la ética profesional”. La institución subrayó que cuenta con más de mil profesionales “perfectamente cualificados para defender los intereses que les sean encomendados”.
El Colegio expresó también su deseo de una pronta recuperación para los heridos y recomendó a los familiares de las víctimas que cualquier decisión relacionada con acciones legales se adopte con serenidad y no bajo un estado emocional intenso, con el fin de evitar resoluciones precipitadas en un momento especialmente delicado.