La adjudicación del transporte sanitario terrestre urgente y programado de la provincia de Huelva ha desatado una fuerte polémica política. Es un contrato jugoso: unos 100 millones por los próximos cinco años. La secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Maite Rodríguez, ha denunciado públicamente que la Junta de Andalucía ha adjudicado el contrato a la empresa sevillana Grupo SSG, identificada como Servicios Socio Sanitarios Generales Spain, SL, la mayor empresa de ambulancias de España, y controlada —según la dirigente socialista— por el fondo de inversión Asterion Industrial Partners, una decisión que califica de "auténtico atraco a la sanidad pública".
En un comunicado, Rodríguez ha asegurado que se trata de "una operación diseñada para enriquecer a fondos de inversión a costa de la salud de la ciudadanía", acusando al Gobierno andaluz de haber "decidido poner la sanidad en manos de fondos especulativos mientras deja tiradas a 300 familias onubenses", en referencia a los trabajadores vinculados a la UTE de cooperativas y empresas locales que venía prestando el servicio hasta ahora y que ha quedado excluida del proceso.
"Un concurso amañado desde el principio": la acusación socialista
La dirigente socialista ha ido más allá en sus acusaciones, negando que la adjudicación haya seguido un proceso transparente. Según Rodríguez, se trata de "un concurso amañado desde el principio", en el que los pliegos de condiciones habrían sido elaborados para expulsar deliberadamente a la cooperativa onubense que llevaba años prestando el servicio con eficacia. En concreto, ha denunciado que "han impuesto requisitos de solvencia económica completamente desproporcionados para garantizar que solo entren las grandes empresas", describiendo la situación como "un traje a medida para los de siempre y una patada a quienes han sostenido este servicio en nuestra tierra".
Lo ocurrido en el proceso de contratación avala, al menos en parte, la complejidad del expediente. La Mesa de Contratación de la Central Provincial de Compras de Huelva reunida el pasado 12 de marzo de 2026 acordó por unanimidad que la documentación presentada por la UTE inicialmente propuesta como adjudicataria —integrada por Autoamtax, Ambulancias Onuba, Ambulancias La Cinta, Ambulancias Almonte y Ambulancias Aurora— no era conforme a los requisitos establecidos, al no acreditar correctamente la solvencia económica y financiera exigida: el volumen anual de negocios de las empresas integrantes no alcanzaba el 25% del valor estimado del contrato, un requisito expresamente recogido en los pliegos de la licitación. La empresa finalmente propuesta para la adjudicación, Servicios Socio Sanitarios Generales Spain, SL, obtuvo una puntuación total de 83,70 puntos.
"Dinamitar el tejido económico local": una estrategia de privatización, según el PSOE
Más allá del caso concreto, Rodríguez ha enmarcado esta adjudicación en lo que describe como "una estrategia mucho más amplia de recortes y deterioro del transporte sanitario" impulsada por el Ejecutivo de Moreno, que ya estaría traduciéndose en "la eliminación de recursos esenciales". A su juicio, "Moreno ha decidido dinamitar el tejido económico local para poner la sanidad al servicio del negocio privado", una decisión que califica de "indecente e intolerable".
El sindicato Platesa, que agrupa a Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) de Andalucía, también ha puesto el foco en este expediente, advirtiendo de que los concursos públicos de transporte sanitario deben regirse por criterios de transparencia, solvencia real, calidad asistencial y respeto a los trabajadores.
Desde la organización subrayan que no se puede tratar este servicio como una mera adjudicación administrativa, dado que están en juego la atención al paciente, la estabilidad del servicio y las condiciones laborales de los profesionales. Platesa ha anunciado que seguirá analizando cada expediente y trasladando a los TES la información relevante sobre cómo se están adjudicando estos contratos en toda la comunidad.