La Audiencia Nacional ha ordenado el decomiso de un hotel situado en Huelva y valorado en 2,3 millones de euros, en el marco de una sentencia por blanqueo de capitales vinculado presuntamente al narcotráfico. Según el tribunal, el verdadero propietario del establecimiento sería una persona actualmente en paradero desconocido, a quien las autoridades consideran uno de los principales investigados por su supuesta implicación en actividades ilícitas en el sur de España, según EFE.
Además del hotel, la Audiencia ha decretado la incautación de otros bienes por valor de unos cuatro millones de euros, incluyendo inmuebles, vehículos de alta gama, dos helicópteros, una avioneta y un ultraligero. Estos activos fueron intervenidos durante una operación policial desarrollada a finales de 2017.
La investigación se enmarca en la desarticulación de una presunta red dedicada al tráfico de hachís, con catorce personas detenidas en esa operación. Desde entonces, se mantiene activa una orden de búsqueda sobre la persona considerada líder del entramado.
Sentencia, que no es firme, en ausencia
A pesar de que el principal investigado no ha sido juzgado y sigue en busca y captura, el tribunal ha dictado condena contra siete personas acusadas de colaborar en el blanqueo de capitales supuestamente derivados del narcotráfico.
Una de las claves del caso fueron las intervenciones telefónicas, que permitieron a los investigadores reconstruir las operaciones realizadas para ocultar el origen y la titularidad de los bienes. Según el fallo judicial, el hotel fue adquirido mediante un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa firmado a través de una sociedad administrada por personas del entorno del principal sospechoso.
El tribunal considera acreditado que las negociaciones se llevaron a cabo directamente entre los antiguos titulares del hotel, el investigado principal y uno de sus asesores. Sin embargo, toda la documentación del negocio se habría estructurado para ocultar cualquier vínculo directo con el supuesto propietario real.
Cabe destacar que la sentencia no es firme y se encuentra pendiente de recurso ante instancias superiores. Por tanto, se mantiene la presunción de inocencia de todos los implicados hasta que exista una resolución judicial definitiva.