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La Guardia Civil ya ha identificado a las menores implicadas en la agresión de Moguer y pide no difundir las imágenes

Las diligencias recabadas han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Huelva, encargada de determinar las medidas o responsabilidades que correspondan en este caso

  • Manifestación en Sevilla en apoyo a Sandra Peña.

La Guardia Civil ha identificado ya a los menores presuntamente implicados en la agresión a una niña registrada en la localidad onubense de Moguer, unos hechos que salieron a la luz tras la difusión masiva de al menos dos vídeos del ataque a través de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea.

Además, la familia de la menor agredida ha presentado ya la correspondiente denuncia formal por los hechos, que abarca tanto la agresión física y las humillaciones sufridas como la posterior difusión no consentida del material audiovisual, según ha publicado Viva Huelva.

Tras las primeras investigaciones, la Comandancia de la Guardia Civil y la Policía Judicial han logrado localizar e identificar a los presuntos autores de la agresión, todos ellos menores de edad. Las diligencias recabadas han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Huelva, encargada de determinar las medidas o responsabilidades que correspondan en este caso, cuya instrucción se ha centrado tanto en los hechos violentos como en la difusión posterior de las imágenes, garantizando en todo momento la protección legal de la menor agredida.

Seguimiento del vídeo en redes

Paralelamente, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta una línea de investigación centrada en el rastreo del vídeo en el entorno digital, que atañe tanto a la difusión inicial de la agresión como a la divulgación indebida de imágenes de otras menores señaladas en redes sociales como presuntas autoras de los hechos.

Desde el Instituto Armado se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, recordando que la difusión de imágenes o datos personales de menores sin autorización previa está expresamente prohibida por ley. La Guardia Civil ha advertido de que este tipo de acciones pueden constituir un delito contra la intimidad tipificado en el Código Penal, además de acarrear severas sanciones administrativas por infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

La Guardia Civil ha identificado ya a los menores presuntamente implicados en la agresión a una niña registrada en la localidad onubense de Moguer, unos hechos que salieron a la luz tras la difusión masiva de al menos dos vídeos del ataque a través de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea.

Además, la familia de la menor agredida ha presentado ya la correspondiente denuncia formal por los hechos, que abarca tanto la agresión física y las humillaciones sufridas como la posterior difusión no consentida del material audiovisual, según ha publicado Viva Huelva.

Tras las primeras investigaciones, la Comandancia de la Guardia Civil y la Policía Judicial han logrado localizar e identificar a los presuntos autores de la agresión, todos ellos menores de edad. Las diligencias recabadas han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Huelva, encargada de determinar las medidas o responsabilidades que correspondan en este caso, cuya instrucción se ha centrado tanto en los hechos violentos como en la difusión posterior de las imágenes, garantizando en todo momento la protección legal de la menor agredida.

Seguimiento del vídeo en redes

Paralelamente, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta una línea de investigación centrada en el rastreo del vídeo en el entorno digital, que atañe tanto a la difusión inicial de la agresión como a la divulgación indebida de imágenes de otras menores señaladas en redes sociales como presuntas autoras de los hechos.

Desde el Instituto Armado se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, recordando que la difusión de imágenes o datos personales de menores sin autorización previa está expresamente prohibida por ley. La Guardia Civil ha advertido de que este tipo de acciones pueden constituir un delito contra la intimidad tipificado en el Código Penal, además de acarrear severas sanciones administrativas por infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

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