El Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva ha condenado a un hombre a dos años de prisión por ejercer durante dos décadas maltrato psicológico contra su esposa, a la que sometió a insultos, control constante y humillaciones. El tribunal considera probado que llegó incluso a utilizar la ludopatía que ella padecía para desacreditarla ante familiares y amigos.
Según la sentencia, la pareja contrajo matrimonio en 2001 y tuvo cuatro hijos en común. Desde el inicio de la relación, el acusado mostró un comportamiento “controlador, posesivo, dominante y agresivo”, que se prolongó hasta la ruptura en 2021.
El fallo detalla que el condenado imponía su voluntad y reaccionaba con ataques verbales si no era obedecido, profiriendo insultos y realizando gestos intimidatorios. Estas conductas se producían a menudo en presencia de los hijos y en el domicilio familiar.
El juzgado señala que el acusado ejercía un control exhaustivo sobre la vida cotidiana de la víctima, que debía atender sus llamadas y mensajes, limitar su actividad en redes sociales y eliminar fotografías si él lo exigía. Además, utilizaba la adicción al juego de la mujer para menoscabar su autoestima y la culpaba del estado de la vivienda.
La sentencia recoge también que en el hogar se generó un clima de miedo constante. La mujer alertaba a sus hijos para evitar situaciones que pudieran desencadenar reacciones de su marido, cuyo comportamiento hacía que la convivencia se volviera insoportable, especialmente cuando ella no accedía a sus exigencias sexuales.
El tribunal también da por probados los insultos a los hijos
El tribunal reconoce que los insultos y amenazas se extendían a los hijos, en especial a dos de las hijas, llegando incluso a ejercer violencia física en alguna ocasión. Los últimos tres años de convivencia estuvieron marcados por un aumento de la agresividad verbal y del ambiente de terror, agravado por la oposición del acusado a que su esposa trabajara fuera de casa.
Por todo ello, el juez lo declara autor de un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito doméstico y le impone, además de los dos años de prisión, la prohibición de tener o portar armas durante cuatro años y una orden de alejamiento y comunicación con la víctima por el mismo periodo. Asimismo, deberá indemnizar con 2.000 euros a cada una de sus hijas. La pena de prisión queda suspendida durante dos años con la condición de que no vuelva a delinquir.