Este sábado, 18 de abril, se cumplen tres meses de la tragedia de Adamuz, el accidente ferroviario en el que murieron 46 personas, y la fecha llega marcada por la indignación de las víctimas, que denuncian seguir sintiéndose solas en pleno avance de la investigación. En este aniversario, la voz más contundente ha sido la del presidente de la Asociación Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, que ha denunciado el “abandono institucional” que, a su juicio, arrastran desde el primer día.
Samper ha subrayado la “indignación” del colectivo por la falta de avances en la investigación y por la ausencia de responsabilidades asumidas hasta ahora. También ha calificado de “insuficiente” el apoyo recibido por parte de las administraciones y ha acusado a Adif y al Ministerio de Transportes de “ningunear” a las víctimas y de obstaculizar el proceso.
El presidente de la asociación ha ido más allá y ha denunciado la presunta “manipulación de documentación” y la “retirada de material de la vía que es objeto de investigación”. Además, ha criticado a la Junta de Andalucía, a la que acusa de haberse negado a informar a la comisión de investigación sobre la intervención de los servicios de emergencia, hasta el punto de que, según ha lamentado, ha tenido que ser un juez quien reclamara esos datos, algo que ha calificado de “increíble”.
Tres meses después, las víctimas elevan la presión
Samper también ha dirigido sus críticas al ministro de Transportes, Óscar Puente, por haber mostrado interés en reunirse con las víctimas el pasado martes, coincidiendo con la manifestación convocada por la asociación a las puertas del Congreso. El reproche del colectivo se centra en que, según sostiene, esa reunión sigue sin producirse en Huelva, provincia en la que residían 26 de los 46 fallecidos.
Así lo expresó con dureza: “en Huelva -provincia en la que residían 26 de los 46 fallecidos- llevamos tres meses esperando que venga. Nos prometió venir a Huelva hace más de un mes y seguimos esperando. No ha cumplido ni uno solo de los puntos que le requerimos”. La frase resume el tono de un colectivo que, tres meses después, insiste en que no se siente escuchado.
La asociación también ha cargado contra las oficinas de atención creadas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Según Samper, no están cumpliendo una función proactiva con los afectados, hasta el punto de denunciar: “No es de recibo que tenga que ser la asociación la que localice a las víctimas por redes sociales; estas oficinas están muy bien de cara a las elecciones, pero no son prácticas ante las víctimas”.
La única nota de esperanza que hoy trasladan las víctimas llega desde Europa. Tras la reunión mantenida el pasado día 8 con la Comisión Europea, Samper ha confirmado que el organismo supervisará la investigación española para garantizar su transparencia. Su exigencia sigue siendo inmediata: “Esperamos que se asuman responsabilidades de inmediato y que el juicio no se demore años; hay 46 personas bajo tierra y los responsables actúan como si nada hubiera pasado”.
Las últimas novedades que estrechan el cerco sobre el caso
Coincidiendo con este tercer mes desde la catástrofe, la investigación ha ido dejando algunas novedades especialmente llamativas. La más relevante es que la Guardia Civil ha situado como línea principal de investigación la rotura de raíl o soldadura, descartando sabotaje, terrorismo, negligencia o imprudencia de los maquinistas. Esa conclusión desplaza el foco hacia el estado y el mantenimiento de la infraestructura.
A ello se suma que la investigación se ha centrado en la renovación del tramo realizada meses antes del accidente, en concreto en la soldadura del punto kilométrico 318+681. Según los documentos citados, en el parte original de trabajo de la subcontrata figuraba el uso de un material distinto al exigido por la normativa de Adif, y los investigadores sostienen además que apareció una enmienda posterior en ese documento.
Otra de las novedades que más impacto ha causado en el caso afecta a la gestión de las pruebas. La jueza descubrió, según el texto aportado, la retirada de 42 metros de vía sin conocimiento judicial, lo que llevó al precinto de material. La Guardia Civil sostiene que la orden se dio verbalmente pocas horas después de retirar los cadáveres, mientras Adif justificó el traslado por “condiciones climatológicas y la previsión de entrada de maquinaria pesada en la zona, con la intención de salvaguardarlos”.
La reconstrucción técnica también mantiene abiertas incógnitas de gran peso. La CIAF continúa trabajando para aclarar por qué el Alvia Madrid-Huelva activó un frenado de emergencia cuatro segundos antes del choque por una orden del sistema LZB, aunque la caja negra no guardó el motivo de esa maniobra. Por eso se ha pedido permiso para buscar entre la chatarra al entender que “este equipo podría estar presumiblemente entre los restos custodiados”.
Con todo, tres meses después de la tragedia de Adamuz, el aniversario no llega acompañado de alivio para las víctimas, sino de más presión pública, más reproches institucionales y nuevas revelaciones en una investigación que sigue creciendo. El foco está hoy en las declaraciones de los familiares y, al mismo tiempo, en unas novedades que mantienen bajo escrutinio a Adif, al Ministerio de Transportes y a toda la gestión del caso.
Un nuevo reconocimiento para un 'Pueblo Solidario'
En paralelo a este clima de dolor, presión e investigación, Adamuz ha recibido este sábado un reconocimiento público en la entrega de los X Premios Corazón de Olavidia, organizados por el Ayuntamiento de Carboneros. El municipio cordobés ha sido distinguido como ‘Pueblo Solidario’, en un acto que también ha premiado a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA).
El galardón a Adamuz, donde ocurrió el trágico accidente ferroviario en el que murieron 46 personas, fue recogido por su alcalde, Ángel Moreno, acompañado de varios miembros de Protección Civil. Junto al municipio cordobés, también recogieron su reconocimiento la presidenta de AMAMA, Ángela Claverol, y otras tres mujeres de la asociación, de manos del alcalde de Carboneros, Domingo Bonillo.
Estos premios distinguen a personas o entidades que trabajan desde la solidaridad y la concordia, y toman su nombre de Pablo de Olavide, figura ligada a las tierras de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía de 1767, bajo el patrocinio del rey Carlos III. Su objetivo es reconocer a quienes contribuyen, desde el ejemplo, a construir sociedades mejores, más justas y más prósperas.
De este modo, cuando se cumplen tres meses de la tragedia de Adamuz, la jornada deja una doble imagen: por un lado, la de unas víctimas que denuncian “abandono institucional” y exigen responsabilidades; por otro, la de un municipio que, en medio del dolor, ha sido reconocido públicamente por su carácter solidario.