El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Granada ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) al pago de una indemnización de 33.629 euros por un retraso diagnóstico que derivó en la muerte de una paciente de 81 años. La resolución judicial establece que la demora en la atención y en la aplicación del tratamiento supuso una pérdida real de oportunidad asistencial.
La paciente, con antecedentes médicos relevantes, acudió el 2 de enero de 2021 al Hospital San Cecilio de Granada con un cuadro diarreico severo, caracterizado por más de diez deposiciones líquidas al día. Según la asociación El Defensor del Paciente, no se realizaron las pruebas necesarias para detectar la presencia de Clostridium difficile, a pesar de que existían factores de riesgo evidentes, incluidos tratamientos antibióticos previos.
Tras una primera atención considerada insuficiente y la imposibilidad de acceder a una consulta presencial en Atención Primaria, el estado de salud de la mujer se deterioró progresivamente. El 8 de enero fue hospitalizada, momento en el que se confirmó la infección por Clostridium difficile. A partir de entonces, se detectaron diversos fallos en el abordaje clínico del choque séptico, como el retraso en la administración de vancomicina, un manejo inadecuado de líquidos y vasopresores y periodos prolongados sin evaluación médica.
El tratamiento de la sepsis requiere una actuación inmediata para mejorar el pronóstico, lo que incluye la estabilización hemodinámica, el control del foco infeccioso y el inicio precoz de antibióticos. En este caso, según los informes médicos y la resolución judicial, esas medidas se implementaron con retraso, contribuyendo al agravamiento del cuadro clínico.
Falleció ocho días después de acudir al hospital
La paciente falleció el 10 de enero como consecuencia de una acidosis metabólica, hipotensión y fallo multiorgánico derivados del choque séptico. El fallo judicial, que aún puede ser recurrido, subraya que la falta de una intervención oportuna redujo las posibilidades de supervivencia. El propio informe de la gerencia de riesgos del SAS reconoció que, dados los antecedentes clínicos, el cuadro presentado debía haber motivado pruebas específicas para confirmar o descartar la infección bacteriana.
La asociación El Defensor del Paciente, que ha representado a la familia en el proceso judicial, ha insistido en la necesidad de mejorar la coordinación asistencial y los protocolos clínicos en el sistema sanitario público. En su valoración, casos como este evidencian las consecuencias que pueden derivarse de errores en la atención médica y demoras en la respuesta sanitaria.