La Fiscalía de Granada solicita un año y tres meses de cárcel y una multa de 1.800 euros para un hombre acusado de okupar una vivienda en el centro de la capital granadina y presentar después un contrato de alquiler que, según la acusación, habría sido falsificado. El caso aparece recogido en el escrito de calificación de la Fiscalía, en el que también se contempla para el acusado un presunto delito de estafa procesal en grado de tentativa.
La investigación judicial gira en torno a la ocupación del inmueble y a la autenticidad del documento de arrendamiento presentado. Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando, según la Fiscalía, el acusado accedió a una vivienda situada en la calle Pedro Antonio de Alarcón, en Granada capital. El inmueble se encontraba entonces provisionalmente vacío tras el reciente fallecimiento de su propietaria y moradora.
La vivienda estaba vacía tras el fallecimiento de su propietaria
De acuerdo con el relato de la Fiscalía, el hombre habría entrado en la vivienda con intención de residir allí de forma permanente. El escrito sitúa ese acceso en un momento especialmente sensible: poco después de la muerte de la dueña del inmueble. Los hijos de la propietaria fallecida advirtieron al presunto okupa de la situación.
Sin embargo, según el mismo escrito, el acusado aseguró “disponer de un contrato de arrendamiento” que afirmaba haber firmado con la mujer fallecida. Finalmente, los familiares denunciaron los hechos. Ya en sede judicial, el ahora encausado mostró un documento que, según sostenía, estaba firmado por la propietaria y acreditaba el supuesto alquiler de la vivienda.
Una pericial caligráfica cambió el rumbo del procedimiento
La presentación de ese documento llevó al juez a suspender el juicio y transformar el caso en un procedimiento de diligencias previas, con el objetivo de esclarecer si el contrato era legítimo. Para ello se acordó una prueba pericial caligráfica. Tras practicarse esa prueba, la conclusión fue que las firmas atribuidas a la propietaria fallecida en el contrato de arrendamiento no habían sido realizadas por ella. Ese resultado es clave en la acusación formulada por la Fiscalía.
Con estos elementos, el Ministerio Público considera que el acusado es autor de un delito leve de usurpación de inmueble, un delito de falsedad en documento privado y un delito de estafa procesal en grado de tentativa. Por todo ello, pide para él un año y tres meses de prisión y una multa de 1.800 euros. La resolución judicial determinará ahora el alcance final de las acusaciones.