El Ayuntamiento de Granada ha decidido reubicar a tres agentes de la Policía Local pertenecientes al Grupo de Mujer y Menor (Grumume), después de que la Secretaría de Estado de Seguridad les retirara el acceso a la herramienta VioGen. La decisión se ha producido a raíz de una investigación judicial en la que se analizan presuntos accesos injustificados a este sistema, que está destinado a la protección de víctimas de violencia de género.
La concejal de Movilidad y responsable de la Policía Local, Ana Agudo, ha informado del traslado de estos tres agentes y de la apertura de un proceso selectivo para incorporar nuevos efectivos al grupo especializado. La funcionaria ha justificado la medida al señalar que sin acceso a VioGen, los agentes no pueden desempeñar las funciones propias del Grumume.
La retirada del acceso se enmarca en una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, donde se investiga a varios policías locales por un presunto uso indebido del sistema. La denuncia parte de la expareja de un subinspector, quien habría sido víctima de numerosos accesos no autorizados a su expediente personal dentro de la base de datos de VioGen.
El protocolo
Según el protocolo vigente, cuando se detecta un uso anómalo del sistema, se activa un procedimiento informativo que incluye la suspensión cautelar de los permisos de acceso. En este caso, la expareja del mando policial denunció ante la Guardia Civil hasta setenta accesos supuestamente irregulares. Los datos habrían sido compartidos con el subinspector, quien está procesado por maltrato hacia su exmujer y sus hijas.
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha reaccionado con dureza ante la situación, criticando a la alcaldesa, Marifrán Carazo, por mantener durante meses en sus puestos a los agentes investigados. Desde la oposición se ha exigido la dimisión de la concejal responsable de Seguridad Ciudadana por su gestión del caso.
El subinspector implicado se enfrenta a varias causas abiertas y será juzgado en octubre en el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada. La Fiscalía solicita para él una pena de seis años y diez meses de prisión por delitos de maltrato.