La Asociación de Mujeres La Volaera ha denunciado públicamente que la nueva licitación para gestionar el servicio de pulseras antimaltrato presenta “graves carencias” técnicas y jurídicas que, a su juicio, pueden poner en peligro a las víctimas de violencia machista.
La entidad, con sede en Granada, ha realizado un análisis detallado del pliego que regula la contratación del sistema de seguimiento telemático de medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en casos de violencia de género y violencia sexual. La licitación, cuyo plazo concluye el 6 de marzo, cuenta con un presupuesto base de 71.369.269,41 euros.
Su presidenta, María Martín Romero, sostiene que han detectado “insuficiencias que podrían afectar a la salud e integridad de sus usuarias” y califica la situación de “intolerable e indignante”.
Falta de cobertura satelital y normativa desactualizada
Entre las deficiencias señaladas figura la ausencia de exigencia de cobertura satelital en los dispositivos, lo que, según la asociación, dejaría desprotegidas a víctimas que residan en zonas rurales o de montaña con mala cobertura terrestre. Aunque la tecnología 3GPP Release 17 ya está implantada en parte de la Unión Europea y en expansión en España, el pliego solo exigiría cobertura terrestre y tecnología móvil de hace más de una década.
También denuncian la exigencia de cumplimiento de normativa derogada, como el Real Decreto 3/2010, en lugar del vigente Real Decreto 311/2022 del Esquema Nacional de Seguridad. Para La Volaera, este error es “incomprensible” en un contrato donde la seguridad de la información resulta crítica.
Transición contractual y gestión de datos sensibles
La asociación advierte además de una posible incoherencia en la planificación de la transición entre empresas adjudicatarias. El Ministerio contempla hasta seis meses de transición, pero según el análisis realizado, la actual adjudicataria —la UTE Vodafone-Securitas— solo estaría obligada contractualmente a colaborar durante un máximo de tres meses tras la finalización de su contrato.
Asimismo, el equipo técnico-jurídico de La Volaera cuestiona que funciones como la recepción de resoluciones judiciales, la gestión de altas y bajas o la elaboración de informes para juzgados sean desempeñadas por personal de una empresa privada. A su entender, esto podría vulnerar el principio de minimización de datos recogido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), al permitir acceso a información sensible sin filtro administrativo previo.
La presidenta de la asociación sostiene que el pliego tampoco define con suficiente detalle los requisitos técnicos y funcionales, lo que, en su opinión, podría afectar a la igualdad de trato entre empresas licitadoras.
Desde La Volaera aseguran que seguirán defendiendo a las víctimas “tanto de los agresores como de las Administraciones Públicas”, recordando que a principios de febrero presentaron una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por fallos detectados en el sistema.