La Junta de Andalucía ha ratificado la sanción de 15.000 euros impuesta a la taberna La Sacristía de Córdoba por el episodio de intoxicación alimentaria registrado en enero, en el que más de cuarenta personas resultaron afectadas tras consumir montaditos de pringá. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha cerrado así el procedimiento administrativo abierto a raíz de los hechos, confirmando la responsabilidad del establecimiento en el incidente.
Según la información trasladada a la Agencia EFE por fuentes de la Administración autonómica, el primer recurso de alzada presentado por el local contra la sanción emitida en octubre fue desestimado. Al no haberse recibido nuevas alegaciones dentro del plazo previsto, que concluía el martes, la vía administrativa quedó agotada, consolidando la resolución inicial. La Junta considera, con ello, firme la sanción económica derivada de la investigación abierta meses atrás.
La resolución se produce después de que la Fiscalía provincial de Córdoba archivara en julio las diligencias penales relacionadas con el caso. El Ministerio Público entendió entonces que no era necesario continuar por la vía judicial, ya que la Administración autonómica había iniciado un expediente sancionador para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades pertinentes. Ese procedimiento es el que ha desembocado ahora en la confirmación definitiva de la multa.
Un fallecido, aunque no se sabe exactamente la causa
El brote de intoxicación se registró el 4 de enero, cuando 44 personas resultaron afectadas tras consumir los mencionados montaditos, elaborados con carnes y embutidos procedentes del cocido. Entre los afectados se encontraba una persona que posteriormente falleció, si bien no se ha determinado que la muerte estuviera directamente relacionada con la intoxicación. La cifra de damnificados fue confirmada tras los análisis realizados en las muestras recogidas en el local por los equipos de inspección.
Los resultados de esas pruebas permitieron a la Administración apuntalar el expediente sancionador y fundamentar las medidas acordadas. Con la conclusión del proceso administrativo, la Junta cierra el caso desde el punto de vista oficial, dejando como último trámite la eventual decisión del establecimiento de recurrir la sanción ante la jurisdicción contencioso-administrativa.