La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número 2, ha requerido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que se "abstenga de realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria" en la zona del siniestro, donde tuvo lugar el accidente de tren de Adamuz en el que perdieron la vida 46 personas tras el descarrilamiento de dos trenes, sin autorización judicial previa.
La providencia obliga además a que cualquier actuación sea comunicada al juzgado con al menos 15 días de antelación y quede condicionada a la aprobación del órgano judicial. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la decisión se produce tras un correo enviado por Adif el pasado 2 de marzo en el que se informaba de trabajos previstos entre la noche del 3 y el 4 de marzo.
En ese mensaje, la empresa pública detallaba que las labores previstas consistían en "el cambio de una sección de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2", dentro del tramo donde ocurrió el siniestro. La magistrada decidió intervenir para preservar posibles pruebas relevantes dentro de la investigación.
Advertencias judiciales tras la retirada de material
La resolución judicial llega después de que la propia instructora ya hubiera advertido a Adif en febrero de que debía "abstenerse de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa". La orden fue emitida en una providencia fechada el 10 de febrero.
La advertencia judicial se produjo tras recibir un oficio de la Guardia Civil en el que se alertaba de que personal de Adif retiró material de la zona del accidente durante la madrugada, apenas cuatro días después del siniestro, y realizó distintas pruebas sin comunicación previa al juzgado. Según los agentes, esas actuaciones se realizaron "sin advertirlo, ni solicitarlo".
En ese mismo documento, la jueza ordenó también que no se efectuara "cualquier prueba sobre el material extraído, si no es previa autorización judicial", además de exigir "la restitución inmediata del material que obre en su poder, todo ello bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal que resultara procedente".
La investigación de la Guardia Civil incluyó la declaración del responsable de la base de mantenimiento de AVE de Adif en Hornachuelos (Córdoba), quien explicó que el 22 de enero "recibió orden verbal del jefe de Área de Adif, para que se procediera a la retirada de cupones de raíl, entre las que hay soldaduras, y su traslado" hasta la referida base.
Según su testimonio, los trabajos se realizaron entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de enero. También indicó que "se han realizado ensayos sobre los citados rieles", precisando que las pruebas fueron de dureza y que no resultaron destructivas, aunque el instructor policial señaló que desconocía el alcance real de esos análisis.
Las cajas negras, clave en la investigación
Mientras se dirimen estas posibles irregularidades, la investigación ha entrado en una fase crucial con la apertura de las cajas negras de los dos trenes accidentados. La diligencia se ha llevado a cabo este jueves en las instalaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid.
El Tribunal de Instancia de Montoro autorizó el pasado 26 de febrero el acceso, extracción y análisis de los datos de estos dispositivos, así como el acceso al contenido de las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren de la compañía Iryo. La jueza permitió además utilizar cualquier programa informático capaz de verificar "la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés".
El proceso se está realizando bajo estricta supervisión judicial. Agentes de la Policía Judicial levantan acta de todas las operaciones y obtienen evidencias digitales o copias certificadas de los datos, mientras que un letrado de la Administración de Justicia garantiza la validez de la diligencia y la cadena de custodia.
La magistrada optó finalmente por no trasladar los equipos a Montoro para evitar riesgos técnicos durante el transporte. En su auto señaló que, "para garantizar la unidad de acto y evitar riesgos que puedan comprometer la extracción de datos", resultaba más seguro realizar las operaciones en el lugar donde se encuentran los dispositivos, en Madrid.