Marisol y Juan Antonio, al asomarse al balcón de su piso en la tercera planta para colgar una pancarta contra su desahucio, ven la entrada del servicio de Urgencias del Puerta del Mar, distante menos de 50 metros.
Esa pequeña colina de subida y bajada -en las peores ocasiones, sólo de subida- para llegar a la primera línea de batalla del hospital gaditano es tristemente familiar para muchos vecinos de la ciudad.
Para estos dos discapacitados, además de ser el primer paisaje desde sus ventanas, es una metáfora. Significa que las emergencias del cuerpo y las de la casa van juntas, que las necesidades sanitarias y de vivienda no están nada lejos ni van cada una por su lado.
De hecho, sus dolencias, discapacidades y la situación que viven aún aproximan más unas angustias a otras, los miedos físicos y los "habitacionales" la puerta del hospital y la de su bloque de Matrona Modesta Calvo, 5.
"He estado en Urgencias varias veces desde que nos avisaron del desahucio de hoy", dice Juan Antonio tras el aplazamiento, el segundo, del proceso administrativo que les va a expulsar de su casa.
"Soy paciente crónico de EPOC y cardiaco", alega él. A ella le disgnosticaron hace años diabetes y fibromialgia entre otras dolencias. Esas enfermedades les convierten en discapacitados con un grado por encima del 50% según la administración.
Todo eso no impide que tengan que marcharse de la vivienda que Juan Antonio heredó de su familia materna. Un accidente de trabajo que se saldó son indmnización laboral derrumbó sus ingresos mensuales hace doce años, en 2014.
La hipoteca que pagaban al BBVA se volvió inasumible. Habían abonado algo menos de 60.000 euros de lo acordado cuando empezaron a retrasarse, cuando incumplieron algún plazo. Desde entonces, afirman, el banco no les dejó buscar fórmulas alternativas para abonar los atrasos o lo restante.
"La presión insoportable"
Los dos afectados afirman que "un fondo buitre" se hizo con los derechos de la vivienda y ya fue imposible cualquier negociación, ningún acuerdo. Comenzaron las llamadas, las visitas o las presiones para que se marchasen, empezó "la presión insoportable".
"No somos okupas, nuestra única petición es que nos dejen pagar lo que falta de hipoteca o un alquiler que podamos pagar, un alquiler social, indefinido, que podamos asumir con nuestras pensiones para seguir en nuestra casa".
"Supuestamente hay una moratoria y un decreto antidesahucios que dice que no existen. Esta es la prueba real de que sí los hay"
"Es una pequeña victoria pero la definitiva no vendrá hasta que consigamos que Juan Antonio y Marisol se queden en su casa, con tranquilidad y de manera estable, como llevan 22 años. Seguiremos luchando por un alquiler que ellos puedan pagar, es el objetivo", afirmaba el portavoz del Sindicato de Inquilinos en Cádiz, Andrés Pradillo, a pie de portal.
"Este desahucio lo hemos conseguido parar gracias a organizarnos, al sindicato, a Juan Antonio y Marisol. Supuestamente hay una moratoria y un decreto antidesahucios que dice que no se pueden ejecutar, que no hay existen. Esta es la prueba real de que sí los hay".