Principio de acuerdo. Principio de ayuda. Principio de solución tras un mes de escándalo y varios años de tortura diaria.
Tres de las cinco familias obligadas a vivir en la finca insalubre e indigna de la calle Javier de Burgos 19, en pleno centro histórico y comercial de Cádiz, podrán trasladarse a un piso nuevo, seguro y limpio proporcionado por la misma propiedad actual, Sareb.
Dos de las tres familias son las que tienen hijos menores a su cargo (ocho en total) y han encontrado una opción para seguir viviendo en la ciudad de Cádiz, algo que reclamaban para compaginar estudios y trabajos sin necesidad de traslados.
Una tercera sí se mudará temporalmente a San Fernando dentro de este conjunto de acuerdos. Inicialmente, la propiedad ofreció a todos los que se mudan la posibilidad de irse a La Isla pero a varias de las familias les resultaba perjudicial.
Con los realojos temporales en Cádiz (dos familias) y San Fernando (una familia) todas las partes parecen haber encontrado una salida que coincide con sus necesidades.
La propietaria de este edificio lleno de puntales, grietas, agujeros, humedades, tuberías rotas, aguas fecales, ratas y cucarachas es -desde 2021- una institución pública, la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb), llamada coloquialmente banco malo.
Los vecinos del edificio confirman a lavozdelsur.es que este principio de acuerdo debe propiciar un traslado temporal -hasta que culmine la rehabilitación de la finca- pero piden una confirmación documental del pacto, tanto de realojo como de regreso.
Quedan dos familias de inquilinos por reubicar, que han rechazado las opciones planteadas por la Sareb hasta el momento. Son las que reúnen a los vecinos de mayor edad, por encima de los 65 años, que ocupan pisos en pésimo estado en la primera planta.
Hasta el Congreso gracias a Pro Derechos Humanos
La situación de esta finca ha llegado al Congreso de los Diputados a través de una pregunta formulada por la diputada de Sumar por la provincia de Cádiz, Esther Gil de Reboleño.
La parlamentaria, además de resaltar el avance que supone el realojo, agradece la resolución del conflicto social a los colectivos que se han movilizado en favor de los afectados.
Esos grupos son Sindicato de Inquilinas y, especialmente, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, primer denunciante público de la impactante situación que sufrían los residentes.
