El SAS tendrá que pagar más de 250.000 euros a la familia de un paciente que murió por negligencias en el Puerta del Mar

Durante los primeros años, el seguimiento se realizó de manera adecuada, pero las pruebas realizadas en 2015 y 2016 ya mostraron signos de deterioro de la prótesis cardiaca y a partir de 2017 no hubo continuidad

La fachada del Hospital Puerta del Mar de Cádiz.
22 de diciembre de 2025 a las 11:05h

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha reconocido su responsabilidad patrimonial por negligencia médica en el fallecimiento de un paciente malagueño de 56 años, intervenido en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. La administración sanitaria ha acordado el pago de una indemnización de 261.207 euros a su esposa y a su hijo, que será abonada por el SAS y su aseguradora, Relyens, en concepto de daños y perjuicios.

La resolución, dictada por la Dirección Gerencial del SAS, establece que existió un control cardiológico deficiente en el seguimiento del paciente, que falleció el 20 de junio de 2019 a causa de un infarto agudo de miocardio. La decisión se conoce tras la tramitación del caso a través de la Asociación El Defensor del Paciente.

El procedimiento legal fue llevado por el abogado Damián Vázquez, colaborador jurídico de la asociación, quien ha destacado que la resolución constituye un precedente relevante en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria en Andalucía. Sin embargo, ha anunciado que se presentará un recurso contencioso-administrativo para reclamar una cuantía superior.

El paciente había sido sometido en febrero del año 2000 a una intervención de sustitución valvular aórtica con una bioprótesis. Tras la operación, se estableció la necesidad de realizar un seguimiento cardiológico periódico mediante ecocardiogramas anuales, dada la complejidad de la intervención.

Sin continuidad

Durante los primeros años, el seguimiento se realizó de manera adecuada, pero las pruebas realizadas en 2015 y 2016 ya mostraron signos de deterioro de la prótesis. A pesar de estos hallazgos, no se realizaron nuevas pruebas diagnósticas durante casi tres años y el último control registrado, en octubre de 2017, no tuvo continuidad, aunque el paciente presentaba síntomas de empeoramiento clínico.

El dictamen médico-legal incorporado al expediente, y asumido por la administración sanitaria, concluye que de haberse efectuado el seguimiento prescrito, el deterioro de la bioprótesis se habría detectado con antelación suficiente. Esto habría permitido realizar un recambio valvular en condiciones clínicas más favorables y evitar el fallecimiento del paciente.

El caso pone de relieve la importancia de garantizar un seguimiento riguroso de pacientes con antecedentes de intervenciones complejas y plantea un debate sobre la responsabilidad de los sistemas sanitarios en el control y la prevención de complicaciones derivadas de procedimientos médicos de alto riesgo.

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Emilio Cabrera

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