El PP de Cádiz también apoya al gobierno de 'Kichi' al reivindicar que la Junta invierta en Valcárcel

El pleno aprueba por unanimidad la propuesta de Adelante Cádiz para la reconversión del edificio en la Facultad de Ciencias de la Educación, un proyecto pendiente de financiación autonómica

Un momento del pleno extraordinario sobre Valcárcel.
Un momento del pleno extraordinario sobre Valcárcel.

El pleno del Ayuntamiento de Cádiz, en sesión extraordinaria, ha aprobado este viernes por unanimidad la propuesta presentada por Adelante Cádiz para la reconversión del edificio Valcárcel en la Facultad de Ciencias de la Educación, una vez que el proyecto depende solo de la financiación por parte de la Junta de Andalucía. La Plataforma ciudadana Valcárcel Universitaria, a través de sus portavoces Carlos Gentil, Daniel López y José María Jurado han explicado la necesidad de ratificar el compromiso con este proyecto para reconvertir este edificio señero en Facultad de Educación y rescatarlo del abandono.

Los tres representantes han destacado el impacto positivo que supondría esta reconversión que afectaría en primer grado a los barrios de la Viña, el Balón y La Caleta con la llegada de 3.000 estudiantes. “Cádiz está harta de ver cómo los proyectos prosperan en otras ciudades mientras ve cómo el desaire y el olvido de Cádiz no nos dejan salir adelante”. En este sentido han señalado que “la ciudadanía necesita un claro compromiso desde una responsabilidad ejecutiva para alcanzar el nivel de desarrollo de otras capitales”, en alusión a la falta de inversiones de la Junta de Andalucía.

La portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Fernández, ha expuesto la necesidad de que “la Junta de Andalucía deje de buscar excusas e invierta de una vez en la ciudad de Cádiz”. “Hay una realidad innegable pese a los intentos del PP de desviar sus responsabilidades, y es que el futuro de Valcárcel depende de la Junta de Andalucía independientemente de lo que diga PP y Ciudadanos”. Tanto Diputación, como la Universidad de Cádiz como el propio Ayuntamiento “tenemos la tarea hecha y para la ejecución del proyecto tan solo hace falta la financiación de la Junta”.

Fernández ha afirmado que “pese a los intentos del PP de querer confundir a la ciudadanía con el uso de los remanentes de las universidades, lo cierto es que la Junta ha recortado 135 millones de euros a las universidades públicas, de los cuales 16,5 millones han sido en la de Cádiz. Teniendo en cuenta que la rehabilitación del edificio y acondicionamiento está presupuestado en 20 millones, ¿cómo puede hacerse cargo la Universidad de Cádiz?, se ha preguntado”.

Para la portavoz del Equipo de Gobierno, la UCA “necesita que la Junta se comprometa realmente y financia este proyecto de igual manera que financia los campos universitarios de Granada y Sevilla, o destina 172 millones para la Ciudad de la Justicia de Jaén, 110 millones para la de Sevilla o 27 millones para el museo Íbero de Jaén”.

Desde la oposición, el Partido Popular, pese a votar a favor de la propuesta, ha responsabilizado al PSOE “de haberse llevado la facultad de Educación a Puerto Real primero y la de Ingeniería después”, según ha afirmado Juancho Ortiz. Así, ha excusado la falta de inversión de la Junta de Andalucía en el proyecto de Valcárcel en “los remanentes de tesorería que disponen y que cuentan con la autorización de la Administración andaluza para invertir en sus prioridades”.

La portavoz del PSOE, María José Rodríguez, ha recordado que “los socialistas llevamos desde hace mucho tiempo defendiendo la vuelta de Educación a Cádiz porque se enmarca dentro de nuestro modelo de ciudad y la defensa del cinturón universitario”. Rodríguez ha afirmado que “la ciudadanía está cansada de falsas promesas cuando lo que hace falta en la ciudad es financiación de la Junta aunque ni el PP ni Ciudadanos estén a favor y lo escondan todo bajo diferentes planes” que no llegan a Cádiz. En esta línea ha recordado que la Junta “no ha incluido en los presupuestos de 2020 ninguna partida” para la ciudad.

Desde Ciudadanos, Lucrecia Valverde, ha manifestado el apoyo de su grupo municipal para este proyecto que “además de recuperar un edificio que lleva 20 años abandonado, permitirá el refuerzo de la presencia universitaria de la ciudad de Cádiz y la revitalización del centro histórico de la ciudad”. Valverde ha expuesto la necesidad de contar con la cooperación y el apoyo de todas las administraciones, incluida la Unión Europea.

Por su parte, el concejal no adscrito, Domingo Villero, ha destacado la inyección económica que supondrá la vuelta de Educación a Cádiz y la importancia de este proyecto “pese a las dudas e incertidumbre que genera la Junta de Andalucía”.

Reacción de la UCA

Desde la UCA, "aplaudimos esta unanimidad porque este proyecto, más que un proyecto universitario, es de ciudad y requiere, en consecuencia, del apoyo de todos y de sumar el esfuerzo de instituciones, partidos, entidades y ciudadanía". De este modo, han dicho en un comunicado, "hemos buscado siempre que todas las fuerzas políticas de la ciudad hagan suya esta propuesta para sacarla adelante en los próximos años y deseamos, por tanto, que el proyecto quede fuera de la confrontación política".

"Queremos manifestar también desde la UCA que, en estos meses, hemos realizado todo lo que estaba de nuestra parte. La Universidad ha hecho sus deberes. Seguimos apostando por el proyecto, haciendo todo lo que está en nuestras manos, cumpliendo con nuestra parte, impulsando la negociación institucional". De hecho, el rector de la UCA, Francisco Piniella, tiene previstas distintas reuniones en próximas fechas con la delegada territorial del Gobierno de la Junta de Andalucía, con los representantes políticos del Ayuntamiento de Cádiz y representantes de la provincia en el Parlamento Andaluz.

En última instancia, advierten desde la UCA, "hablamos de un proyecto que exigirá una inversión entre las obras de rehabilitación integral del edificio de Valcárcel, pistas deportivas y equipamientos de más de 40 millones de euros. Una actuación que es imposible acometerla con remanentes, porque no alcanzan a sufragarla, pondrían en serio riesgo nuestra estabilidad financiera y su uso está condicionado a los próximos dos años para obras menores y de rápida ejecución".

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