Nuevos tiempos, ¿nuevas Leyes?

Inauguración de las I Jornadas Provinciales 'Nuevas Perspectivas para los Servicios Sociales'.
Inauguración de las I Jornadas Provinciales 'Nuevas Perspectivas para los Servicios Sociales'.

Este jueves se han puesto en marcha las I Jornadas Provinciales ‘Nuevas Perspectivas para los Servicios Sociales’, organizadas por el Ayuntamiento de Cádiz y el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz de forma conjunta. El alcalde de Cádiz, José María González, ha sido el encargado de inaugurarlas en compañía del viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Manuel Martínez Domene, y del presidente del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, Julio Piedra Cristóbal, actuando como maestra de ceremonia la presidenta del Colegio, Pilar Tubío.

El alcalde ha destacado la importancia de la iniciativa, ya que parte de “una necesidad importante: el cambio de paradigma que se ha producido y que conlleva la necesidad de revisar los procedimientos para poner, de una vez por todas y para siempre, a las personas usuarias de los Servicios Sociales en el centro”. Además, González ha recalcado que los profesionales de este campo "son la primera mano que ayuda a nuestros vecinos y vecinas que vienen huyendo de una situación, que en ciudades como Cádiz es crónica y devastadora, de una crisis económica que viene durando ya más de 40 años". Es por ello que estas jornadas "parten de una necesidad". El regidor se ha mostrado “tremendamente orgulloso” de los trabajadores de la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento gaditano.

El viceconsejero ha calificado como “un acierto” esta iniciativa, debido al “momento clave en el que nos encontramos para consolidar los Servicios Sociales”. “Estamos en un nuevo paradigma y hay que tener visión clara, de futuro y positivista. Hay una nueva perspectiva con una nueva ley de Servicios Sociales y ya estamos dando pasos importantes en ese sentido”. Asimismo, Martínez Domene ha elogiado el trabajo de los profesionales de Servicios Sociales y se ha mostrado convencido de que estas jornadas “van a arrojar luz y reflexiones enormemente positivas”. En su intervención, Piedra ha destacado dos demandas que se vienen haciendo desde el Consejo Andaluz, como son: la ampliación de las plantillas y la puesta en marcha de la primera ley estatal de Servicios Sociales, “que obligue a todas las comunidades autónomas a seguir los mismos pasos”.

Severiano Fernández Ramos, catedrático de Universidad de Derecho Administrativo en la Universidad de Cádiz. FOTO: ESTEFANÍA ESCORIZA

Analizando las Leyes

Por su parte, Severiano Fernández Ramos, catedrático de Universidad de Derecho Administrativo en la Universidad de Cádiz, ha ofrecido un análisis de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. Esto ocurre días después de que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales haya aprobado las bases que regularán la concesión de diversas líneas de subvenciones destinadas, entre otras, a personas mayores, en situación de dependencia y colectivos vulnerables, según la orden que publicaba este lunes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las órdenes de convocatoria de estas subvenciones que se publicarán posteriormente a la orden de bases reguladoras, van a suponer que se destine este año 21 millones de euros. No obstante, Fernández Ramos ha querido hacer un repaso por el recorrido de la Ley de Servicios Asuntos Sociales de Andalucía. Una legislación que viene arrastrando carencias desde el año 1988, aunque se intentó mejorar durante muchos años. "Después vino una época de inestabilidad política que paralizó todo el proceso de mejoras. En el año 2014 se retomó la iniciativa de crear una nueva ley, pero en esa fecha hubo una desgracia: la aprobación de la Ley de la Reforma de Régimen Local, comúnmente llamada Ley de Sostenibilidad de la Administración Local. Sin duda alguna ha sido la mayor agresión legal a los sistemas públicos de los Servicios Sociales desde su creación", asegura el catedrático. Según su análisis, esta ley supuso un retroceso, que la llevaba a los servicios mínimos, "a la prehistoria de los Servicios Sociales". En cuanto a la legislación actual, Fernández Ramos ha destacado algunas trampas que figuran en la propia ley. "Para que una prestación garantizada sea verdaderamente garantizada, es necesario que el catálogo que se está tramitando cumpla y defina un plazo de adjudicación. Y se da la circunstancia de que aparecen una serie de prestaciones en teoría garantizadas, y sin embargo el catálogo no fija ningún plazo. Esto ocurre con algo tan elemental como la primera prestación, el proyecto de intervención social o el servicio de ayuda a domicilio (que no está vinculado a la ley de dependencia)". Finalmente, ha destacado que ahora más que nunca "es necesaria la creación de un consejo que pueda tener una visión global de conjunto de las políticas de servicios sociales". "Estoy convencido desde hace bastante tiempo que en algún momento habrá que ir a un sistema de consejo de participación diferente, porque ¿qué sentido tiene, si la función del consejo es participativa, que más de la mitad de los integrantes del mismo sean representantes de las administraciones públicas? ¿no sería más razonable ir hacia un modelo que esté integrado por representantes de la sociedad civil?". Expone que así sería mucho más fructífero el debate, fuera de la contaminación administrativa.

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Estefanía Escoriza

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