El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado por unanimidad la creación de una comisión de investigación sobre el denominado Caso Fantasma, a propuesta urgente del Grupo Municipal del Partido Popular. La iniciativa llega después de que el juzgado instructor dictara un auto en el que se acuerda el procesamiento del exalcalde José María González, Kichi, dos concejales y dos asesores del anterior gobierno municipal por presuntos delitos de prevaricación administrativa y revelación de secretos, mientras que el denominado asesor fantasma será procesado por el primero de ellos.
El auto judicial, originado tras una denuncia del sindicato Comisiones Obreras, sostiene que el asesor contratado por Por Cádiz sí se Puede accedió al Ayuntamiento "sin sujeción a la legalidad y con la finalidad de conferirle facultades no previstas en el ordenamiento jurídico, orillando las legítimas funciones de los funcionarios municipales". Según el documento, el investigado habría actuado en el área de Contratación con acceso a expedientes y capacidad para dar indicaciones a empleados públicos.
El Grupo Popular defendió que los hechos recogidos en la resolución judicial son "gravísimos" y argumentó que la comisión debe servir para depurar posibles responsabilidades políticas derivadas de lo ocurrido. En su propuesta también se solicitó que el actual portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ofrezca explicaciones sobre la inclusión en su candidatura electoral de dos personas que ya estaban investigadas en el momento de la confección de las listas.
El tercer teniente de alcalde, Juancho Ortiz, justificó en el pleno de este jueves la urgencia del asunto señalando que la iniciativa responde a un auto judicial dictado el 24 de febrero y no a una valoración política. "Aquí no hablamos de una nota de prensa ni de una interpretación interesada, sino de una resolución judicial", afirmó. Ortiz aseguró que lo descrito en el auto resulta "extremadamente grave", al referirse a una persona que "no era funcionario, ni personal laboral, ni eventual" y que, pese a ello, "tuvo un despacho municipal, asistía a reuniones, accedía a expedientes y daba indicaciones a funcionarios de carrera".
El edil popular insistió en que la comisión no supone una condena anticipada, sino un ejercicio de control democrático. "No estamos sustituyendo a los tribunales", dijo, subrayando que el objetivo es esclarecer "qué pasó, qué ocurrió y qué falló". También advirtió de que el silencio institucional ante los hechos "no es neutral" y defendió que investigar aporta transparencia y evita "un tufo de sospecha".
Desde Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz mostró su apoyo a la creación de la comisión, aunque recordó que en el pasado se presentaron múltiples denuncias que acabaron archivadas. "Esta es la 18 y ya le anuncio yo que pasará exactamente lo mismo", afirmó. El portavoz aseguró que "aquí nadie ha mangado dinero" y defendió la inclusión de los investigados en su lista electoral porque, según dijo, "son inocentes y el tiempo lo va a decir".
De la Cruz aprovechó su intervención para plantear que la investigación se amplíe a otros episodios de anteriores mandatos y mencionó la figura de Jorge Moreno, señalando que "presuntamente tenía un despacho cuando usted era concejal". En su intervención insistió en que las acusaciones actuales forman parte de una dinámica política repetida y reiteró que los procedimientos anteriores terminaron sin condenas.
Aprobado por unanimidad
El PSOE, por su parte, criticó que la comisión pueda convertirse en "un show político partidista de acusaciones" y advirtió de que abrir este tipo de investigaciones podría derivar en una cadena de comisiones sobre procesos ya desestimados. Los socialistas consideraron que el funcionamiento interno de las listas electorales corresponde a cada partido y evitaron entrar en valoraciones sobre decisiones de otras formaciones.
El alcalde de Cádiz, Bruno García, agradeció el respaldo unánime y defendió la pertinencia de la comisión al señalar que existe un proceso judicial abierto a raíz de una denuncia sindical. "Un grupo de personas está siendo investigado judicialmente y la denuncia la interpone un sindicato de clase", afirmó. El regidor sostuvo que la comisión permitirá aclarar los hechos y reclamó transparencia a quienes formaron parte del anterior gobierno municipal, aunque subrayó que respeta "profundamente" la presunción de inocencia de todos los implicados. Tras un debate marcado por cruces de acusaciones y referencias a etapas políticas anteriores, el punto quedó aprobado por unanimidad.