Los mayores servicios públicos municipales traen de cabeza al gobierno local de Cádiz dirigido por Bruno García de León (PP).
El alcalde ha admitido en repetidas ocasiones, durante el medio mandato que superaba este verano, que ni el funcionamiento del autobús urbano ni el de la limpieza pública llegan a los mínimos niveles de exigencia.
Con el recuerdo aún de la molesta y larga huelga en los autobuses urbanos este verano, los contratos de concesión entre el Ayuntamiento y las distintas empresas adjudicatarias están siempre en cuestión.
Una nueva denuncia confirma que el malestar no cesa aunque no trascienda a la opinión pública y el Ayuntamiento de Cádiz mantiene la batalla interna por tratar de mejorar sus dos mayores áreas de atención ciudadana cotidiana.
La asociación de consumidores Facua de Cádiz ha desvelado en una nota pública que los sindicatos han descubierto un nuevo expediente sancionador de la administración local contra la empresa concesionaria del servicio de limpieza en la ciudad, Valoriza.
Siempre según Facua y el sindicato CSIF, la empresa "continúa incumpliendo el contrato firmado de gestión del servicio de limpieza y recogida de residuos, en vigor desde hace casi tres años".
"Los trabajadores han comunicado a la asociación que el consistorio ha incoado un expediente sancionador a la empresa por graves incumplimientos de sus obligaciones contractuales, cuestión que la representación de los trabajadores denuncia desde hace tiempo".
"Aunque se han incorporado nuevos equipamientos, no se encuentran operativos y eso obliga a seguir utilizando máquinas adquiridas con más de 25 años de uso"
Entre otras, las denuncias de los trabajadores señalan la mala calidad del servicio ocasionada, a su juicio, por "la falta de inversiones que se comprometía a realizar según los términos del contrato".
"A pesar de que en el último año se han incorporado al servicio nuevos equipamientos, éstos, por distintos motivos, no se encuentran aún plenamente operativos, lo que obliga a seguir utilizando las máquinas adquiridas bajo la vigencia de la anterior concesión, alguna de ellas con más de 25 años de uso".
La misma representación sindical "denuncia la merma de la plantilla, tanto por el incumplimiento del número mínimo de trabajadores como por la falta de remplazo de aquellos trabajadores de baja por enfermedad o porque se les suspendido de empleo y sueldo, recurso que, según CSIF, la empresa usa torticeramente para ahorrar costes".
Los representantes de los trabajadores señalan que la falta de calidad del servicio es constatable especialmente en barrios de extramuros como La Paz, Guillén Moreno, San Severiano, Loreto o Puntales.
Facua Cádiz afirma compartir con los trabajadores la preocupación por la situación del servicio y anuncia que va a reclamar al Ayuntamiento toda "la información sobre los expedientes sancionadores que, al parecer, ha iniciado contra la empresa".
Las concesiones "perjudican gravemente"
La asociación de consumidores aprovecha la denuncia sindical para retomar su posición a favor de la municipalización de los servicios públicos: "Deben realizarse de forma directa por parte de los ayuntamientos, la prestación de los servicios públicos mediante contratos de concesión a empresas privadas perjudica gravemente los intereses de la ciudadanía".
Finalmente, FACUA Cádiz también quiere manifestar su preocupación por lo que parece ser el inicio de la puesta en marcha del sistema de recogida selectiva de los residuos orgánicos, "sin que hasta el momento el Ayuntamiento haya iniciado ninguna campaña informativa dirigida a la ciudadanía, desconociendo el modelo que se pretende implementar".
La asociación "solamente tiene conocimiento a través de los medios de comunicación del inicio de la modificación de la tasa, que apunta a incrementar notablemente el coste del servicio para la ciudadanía, sin que ello repercuta en el debido cumplimiento de la ley residuos y suelos contaminados para una economía circular".