El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha acordado continuar las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado contra el exalcalde de la ciudad, José María González Santos Kichi, por el papel desempeñado por un asesor incorporado en 2018 que, según el auto, actuó “sin sujeción a la legalidad y con la finalidad de conferirle facultades no previstas en el ordenamiento jurídico, orillando las legítimas funciones de los funcionarios municipales”.
La resolución, adelantada por Europa Press, incluye también en el procedimiento al exconcejal de Personal David Navarro; al exjefe de Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia; al entonces asesor de Alcaldía José Ramón Páez; a la exdelegada de Turismo Laura Jiménez; y al propio asesor contratado, Fernando García Acuña, en una causa que parte de una denuncia presentada por CCOO. El auto recoge que los investigados, “actuando de común acuerdo”, acordaron entre el 18 de abril de 2018 y el 14 de abril de 2019 que el asesor —que “no tenía la condición de funcionario público, ni personal laboral ni tampoco personal eventual, sino asesor del Grupo Municipal Por Cádiz Sí Se Puede”— actuara en el área de contratación “con la ficción de tratarse de personal eventual designado por el gobierno municipal”.
Añade el juzgado que la designación y la atribución de funciones se realizaron “sin sujeción a la legalidad” para conferirle facultades no previstas en el ordenamiento jurídico. Para ello, se le facilitó un despacho en dependencias municipales y, bajo la cobertura de los investigados, tenía acceso a expedientes de contratación y daba indicaciones “de obligado cumplimiento” a funcionarios de carrera, que debían acatar sus órdenes en los expedientes en los que intervenía.
Entre los hechos figuran correos electrónicos en los que el asesor interactúa con concejales y personal municipal. En uno de ellos, relativo a un pliego de recogida de residuos, escribe a una funcionaria: “me tomo la licencia de mandarte un correo para recordártelo otra vez”, indicando criterios de valoración. El juzgado, en coherencia con el informe del Ministerio Fiscal de 3 de junio de 2025, aprecia indicios —a partir de informes policiales y testificales— que apuntan a una posible participación en un delito de prevaricación administrativa.
La defensa: “absolutamente tranquilos”
El 24 de junio de 2024, González declaró ante el juzgado. Aseguró entonces que se actuó “con estricto cumplimiento de la legalidad y teniendo conocimiento de lo que se podía y no se podía hacer”, afirmando estar “absolutamente tranquilos porque todo lo que se hizo fue por el bien de la ciudad” y que el asesor “no dio órdenes” a los funcionarios. Ese día, comparecía por decimoctava vez desde que fue elegido alcalde en 2015. Según su entorno y su formación, Adelante Andalucía, las anteriores denuncias acabaron archivadas. Consideran el proceso una “persecución jurídica con fines políticos” y lo enmarcan en el llamado lawfare, al que atribuyen el objetivo de “embarrar la vida política” y “judicializar la imagen de Kichi” durante sus ocho años al frente del Ayuntamiento de Cádiz.