Las calles de Cádiz han sido este miércoles escenario de una protesta que no ha pasado desapercibida. Decenas de familias de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) han salido a la calle para denunciar lo que califican como una situación “insostenible” en el sistema educativo andaluz.
La movilización, celebrada el 18 de marzo, ha arrancado a las 11.00 horas desde las Puertas de Tierra y ha recorrido distintos puntos de la ciudad hasta llegar a la Delegación de Educación, situada en la calle Antonio López. Durante el trayecto, las pancartas han tomado el protagonismo, con mensajes claros y contundentes como "La inclusión sin recursos es mentira" o "Más apoyo y menos expulsiones".
El objetivo de la protesta ha sido poner el foco en la falta de recursos y personal especializado en los centros educativos, una carencia que, según denuncian las familias, afecta directamente a la atención que reciben sus hijos e hijas. La reivindicación no es nueva, pero sí cada vez más urgente para quienes la sufren en el día a día.
Al llegar a su destino, los asistentes han llevado a cabo la lectura de un manifiesto y han hecho entrega de las firmas recogidas a través de la plataforma Change.org. La convocatoria ha conseguido reunir ya más de 5.000 firmas y el respaldo de cerca de 900 familias de toda la provincia de Cádiz.
Reducir las ratios
La protesta ha contado también con el apoyo de distintos colectivos, asociaciones y representantes institucionales, como miembros del Ayuntamiento de Conil, que han querido sumarse a la reivindicación de una educación pública de calidad. Entre las principales demandas, destaca la necesidad urgente de reducir las ratios en las aulas, una situación que está generando una sobrecarga en profesionales como PT, AL y PTIS.
“Desde el Ayuntamiento de Conil reafirmamos nuestro compromiso firme con una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas, reivindicando mayores inversiones y mejoras en beneficio de los niños y niñas con necesidades específicas", declara el concejal de Bienestar Social, José Ramon Rosado.
Las familias insisten en que no se trata solo de cifras o recursos, sino del derecho básico de sus hijos a recibir una atención digna.