"Vivienda, vivienda y vivienda" son las tres piezas esenciales del discurso del actual gobierno municipal de Cádiz cuando se le pregunta por medidas para aliviar las carencias sociales y demográficas más severas de la ciudad.
Es la misma respuesta así la pregunta sea sobre la galopante pérdida de población (casi mil residentes menos al año con bajada de 40.000 desde 1990) o crisis relacionadas como la bajada de natalidad, el envejecimiento, la invasión turística y los conflictos por imposibilidad de acceder a un alquiler asequible.
Desde la Alcaldía que maneja Bruno García de León (PP) la hipotética solución siempre pasa por el mismo camino: la vivienda.
La mayoría de las promociones que se construyen en la ciudad (hasta seis de forma simultánea y a gran velocidad) están formadas por vivienda de venta privada, dirigida a compradores de alto nivel adquisitivo, generalmente residentes fuera de la provincia, incluso de España, que buscan pisos de lujo como segunda residencia o retiro.
Escasez de oferta de vivienda pública
Para tratar de paliar la escasez de oferta de vivienda pública, protegida o a precios asequibles para trabajadores que bordean el salario mínimo interprofesional, el gobierno municipal también se ve obligado a impulsar otro tipo de medidas a toda velocidad.
La suspensión de licencias para apartamentos turísticos que vacían y encarecen el mercado de alquiler de larga duración fue el último paso este mes de abril.
El próximo llega el primer lunes de mayo. Ese día 5 da comienzo el plazo de exposición y alegación -de 20 días- para una nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La novedad consiste en reducir las zonas, "los ejes", comerciales del casco histórico. Así, fuera de esas zonas se permite la conversión en pisos de locales comerciales en plantas bajas.
Este mismo cambio incluye también "compatibilizar el uso residencial en aquellos edificios que sean terciarios", es decir, dedicados a servicios y oficinas.
El Ayuntamiento de Cádiz admite de forma implícita la emergencia, sin mencionarla, al destacar que se trata de la tercera medida, "tercer documento", sobre la vivienda tras la prohibición de nuevas viviendas turísticas en Extramuros y "el blindaje" del suelo residencial, eliminando la compatibilidad con el uso hotelero.
El último listado de calles en las que se prohibía la implantación de usos residenciales en la planta baja, por considerarse exclusivamente comerciales, data de 1995, cuando se aprobó el actual PGOU. La modificación que comienza este lunes lo reducirá de forma considerable.
La ordenanza actual limita la implantación de los usos residenciales en la fachada de los locales de planta baja, en favor de usos que generan actividad económica (comerciales y terciarios).
El concejal de Urbanismo lamenta que con la actual normativa "en muchas calles comerciales permanecen los locales cerrados o se usan como trasteros"
El delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, afirma como premisa que "con la normativa vigente en el PGOU nos encontramos, por un lado, calles o tramos con una actividad económica arraigada y, por otro, calles que no han conseguido potenciar la actividad económica que se pretendía".
El resultado de la aplicación de esta normativa, sostiene Cossi, es que con el paso de los años "se da un resultado contrario al pretendido. En las vías con una clara vocación económica se mantiene la actividad comercial pero en otras muchas permanecen los locales cerrados o se usan como trasteros".
El concejal asegura que "esto redundaría en aumentar las posibilidades de ampliar la oferta inmobiliaria para uso residencial". Los requisitos para que un bajo pase a ser vivienda serán los obvios, los obligados por ley sin excepciones: acceso, habitabilidad, distribución, superficies, altura o seguridad, entre otros.
Cossi deja muy claro que "esta medida se llevaría adelante sin perjuicio de seguir manteniendo la posibilidad de uso comercial y terciario como compatible en esa planta baja". Es decir, esos locales bajos podrán ser viviendas pero no han de serlo forzosamente.
Viviendas en edificios o servicios
Con respecto a la otra novedad que arranca este lunes, actualmente el PGOU de Cádiz no permite intercalar uso residencial (viviendas) en fincas calificadas con uso terciario (oficinas, servicios y comercios).
Cossi explica que con el PGOU actual, "no es posible la implantación de usos residenciales en esas fincas". Como ejemplo, la norma prohíbe que una planta -o parte de una planta- de un edificio de oficinas se dedique a vivienda. A partir de ahora, sí será posible.
El delegado de Urbanismo calcula que en la actualidad existen aproximadamente 30 fincas completas de uso terciario en el casco histórico y 12 en Extramuros. Son 42 en las que ahora podrán instalarse viviendas de forma parcial, algo prohibido hasta esta modificación.
