La Policía Nacional ha desmantelado una presunta organización criminal dedicada a la trata de seres humanos y a la explotación laboral en establecimientos de hostelería tipo kebab. La operación ha terminado con once víctimas liberadas, cuatro detenidos y el cierre de cuatro locales, dos de ellos en Cádiz y otros dos en Badajoz. La investigación fue desarrollada de forma conjunta por las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Cádiz y Badajoz, que detectaron la actividad delictiva en estos establecimientos de comida rápida donde, según los agentes, se explotaba laboralmente a ciudadanos extranjeros en situación de especial vulnerabilidad.
Las víctimas procedían principalmente de Pakistán y habían abandonado sus países por situaciones de pobreza extrema, precariedad laboral o graves problemas de seguridad. Tras llegar a España, y encontrándose en situación administrativa irregular, aceptaban empleos en estos locales de hosteleríaa. Allí se enfrentaban a condiciones laborales y de vida extremadamente precarias. Algunos trabajadores residían en los propios establecimientos, donde dormían en sillas y sin colchones, utilizaban los baños del local para su higiene personal y se alimentaban con la comida disponible en el negocio.
Las jornadas podían prolongarse entre doce y catorce horas diarias, en ocasiones sin cobrar salario o percibiendo cantidades mínimas. Otros empleados eran alojados en viviendas destinadas a tal fin, donde convivían hacinados con otros compatriotas en condiciones insalubres. En algunos casos, los colchones estaban infestados de chinches y los ingresos apenas alcanzaban los cien euros mensuales.
La investigación también reveló que los trabajadores estaban sometidos a un control constante mediante cámaras de seguridad instaladas en los locales. A través de ellas, los responsables de la organización les daban órdenes e incluso llegaban a despertarlos por la noche para realizar tareas. Las víctimas sufrían además amenazas relacionadas con su situación irregular, advirtiéndoles de que si abandonaban el trabajo o denunciaban los hechos serían denunciados para su expulsión del país. También eran objeto de humillaciones y coacciones psicológicas, llegando a ser amenazadas con ser grabadas y difundidas en redes sociales. Según los investigadores, los trabajadores eran trasladados de un lugar a otro y tratados “como si de ganado se tratase”, lo que generó en muchos casos ansiedad, insomnio y cuadros depresivos.
La operación policial incluyó cuatro registros domiciliarios, dos en Badajoz y dos en Cádiz, algunos de ellos utilizados como alojamiento para las víctimas. En uno de los inmuebles inspeccionados en Badajoz se encontró una gran cantidad de alimentos almacenados en condiciones insalubres, lo que motivó también la imputación de un presunto delito contra la salud pública. Durante los registros, los agentes intervinieron cerca de 10.000 euros en efectivo, además de documentación que podría permitir identificar a otras posibles víctimas.
Finalmente, fueron detenidas cuatro personas, tres en Cádiz y una en Badajoz, de las cuales dos han ingresado en prisión. La Policía considera que la organización contaba con una estructura estable, en la que cada miembro desempeñaba funciones concretas dentro del entramado delictivo. Asimismo, se procedió a la clausura de los cuatro establecimientos implicados.