El Casino Gaditano ha alzado la voz denunciando un posible caso de 'mobbing' contra la trabajadora encargada de llevar las cuestiones administrativas y recibir a los visitantes de la biblioteca que se encuentra en este edificio, donde también se ubica la sede de la Fundación Centro de Estudios Constitucionales.
En el escrito que han remitido al Ayuntamiento de Cádiz, concretamente al alcalde, José María González y al concejal de patrimonio, Francisco Cano, denuncian que hace unos meses "se cambió la cerradura de forma unilateral y con violencia manifiesta, pisoteando los derechos de los visitantes, socios, investigadores y trabajadores".
Así, señalan que a la bibliotecaria, que se reincorporó recientemente tras haber estado en situación de ERTE debido a la crisis sanitaria del covid-19, "no se le permite el acceso al puesto de trabajo, estando en el patio del edificio, sin posibilidad de atender tampoco cuestiones administrativas para socios, visitantes o investigadores".
La situación actual de la biblioteca es que está cerrada para todo aquel que acuda a ella y en un estado de deterioro muy avanzado. El comunicado incide en este aspecto, explicando que "dejando a la trabajadora en una función de conserje permite al mismo tiempo que la biblioteca se deteriore día a día sin darle ninguna utilidad social ni permitiendo que nadie pueda tener acceso a ella".
Como indican, el edifico entero se encuentra en un estado deplorable. Hace tan solo unos días se desprendió parte de una cornisa que tuvo que ser retirada de la vía pública por la Policía Local y los Bomberos. Desde el Casino Gaditano lamentan profundamente la escasa apuesta del Gobierno local en el mantenimiento de este lugar.
Desde 2009, el edificio pertenece al Ayuntamiento. Es por ello que se remarca que la obligación de mantenerlo y de conservar los documentos que allí se encuentran recae única y exclusivamente en el consistorio. Lo mismo ocurre con los datos personales de los socios, que aseguran que no pueden custodiar por no tener acceso al registro. Esta situación la han puesto en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos para que tome las medidas oportunas.
Del mismo modo, han solicitado un certificado del secretario municipal en el que se reflejen las partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento del edificio y su contenido desde 2009 y que se detalle en qué se han gastado. Por último, han dejado entrever que recurrirán a la justicia si es necesario para encontrar una solución a este asunto.
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