Absuelven al alcalde y su equipo del caso Loreto al considerar sus declaraciones como "crítica política"

El alcalde de Cádiz, José María González Santos, el exconcejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de gabinete de la Alcaldía, José Vicente Barcia, han sido absueltos por el juzgado de lo penal número cinco de haber injuriado o calumniado a los populares Teófila Martínez y a Ignacio Romaní en el 'caso Loreto'. El PP denunció al alcalde y su equipo por haber atentado supuestamente contra su honor cuando, en una asamblea, González dijo que no había explicación que justificara "dejar a sabiendas a un barrio consumir agua contaminada durante varios días”, pero cuando profirió dicha expresión no dio ningún nombre, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso lavozdelsur.es. Manuel González Bauza dijo en la misma asamblea que debían "depurarse responsabilidades políticas y si las hubiere también judiciales, sin pretextos, no hay explicación que justifique dejar a un barrio consumir agua contaminada durante días, es intolerable, no hay explicación posible que justifique que se haya ocultado esta información a la ciudadanía y a las autoridades sanitarias”, pero tampoco dio nombres al proferir dicha expresión. La sentencia asegura que "teniendo en cuenta el tono que se utiliza, y el contexto en el que se profieren, dichas expresiones constituyen manifestaciones del ejercicio de la crítica política en relación a circunstancias y actuaciones de interés público como lo fue el esclarecimiento del corte de suministro de agua en Loreto en septiembre y octubre de 2014".

"Teófila Martínez e Ignacio Romaní, dado el cargo público que ostentaron, han de soportar las críticas o las revelaciones aunque 'duelan, choquen o inquieten'"

De esta forma, la Jurisprudencia no ha considerado que se produjeran delitos contra el honor ni delitos de injurias, ya que no existía esa intención en el discurso de los acusados. También señala que "el carácter de personaje público de las personas a las que se refirieron, pues Teófila Martínez fue Alcaldesa de Cádiz, e Ignacio Romaní fue Presidente de Aguas de Cádiz, y dado el cargo público que ostentaron han de soportar las críticas o las revelaciones aunque 'duelan, choquen o inquieten'”. El alcalde ha mostrado su satisfacción ante la sentencia expresando que  "la justicia ha demostrado que nuestro único compromiso ha sido con la verdad y con los vecinos y vecinas del barrio de Loreto". Ha añadido que el fallo judicial pone de manifiesto que "hay un interés del PP por judicializar la vida política de la ciudad que no le está dando ningún resultado", advirtiendo a ese partido de que "si quiere parar el cambio en esta ciudad, va a tener que hacerlo en las urnas". En su opinión, es "lógico" que la "maniobra" del PP haya fracasado, ya que la denuncia que han presentado es, "además de endeble, absolutamente torticera". En este sentido, ha recordado que el abogado del PP y "arquitecto de la demanda" fue su candidato a la Alcaldía, Juan José Ortiz, quien "no se presentó el día del juicio, ni siquiera para corroborar la denuncia". Tampoco acudió al juicio el concejal José Blas Fernández, quien ejercía la acusación particular. Por todo ello, González ha considerado que el PP tendría que "pedir perdón al equipo de gobierno, al barrio de Loreto y a la ciudad de Cádiz, que no merece tener unos representantes políticos de la talla de los del PP", que han cometido una "falta de respeto absoluta a la política y a la ciudad que dicen defender".

Cuestión de honor

Por su parte, el grupo municipal del PP señala que estudiará en profundidad la sentencia en todos sus términos y que, si bien respeta la decisión judicial, no comparte de ningún modo los argumentos esgrimidos en la misma. Por este motivo los populares anuncian que recurrirán la misma ante la Audiencia Provincial de Cádiz en el plazo establecido y llegará "hasta donde tengamos que llegar, porque insistimos en que acusar a una persona de suministrar agua contaminada a sabiendas es un delito, lo haga un cargo público o lo haga quien lo haga. Los populares gaditanos señalaron que "para nosotros el honor es inherente a la persona y cuando decidimos participar en política y en la gestión de lo público ninguno de nosotros firmó un papel para renunciar a nuestra reputación y a defender nuestro honor".