La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez encargado de la investigación sobre el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, un nuevo informe que analiza los indicios de corrupción que afectan al político y a otros implicados en el caso. Según el documento, García habría recibido dinero en efectivo y utilizó parte de esos fondos para el pago de la hipoteca de una vivienda, presuntamente a cambio de adjudicar contratos públicos a determinados empresarios investigados.
El informe, según ha publicado eldiario.es detalla que se habrían llevado a cabo varias operaciones destinadas a introducir los fondos de origen presuntamente ilícito en el circuito financiero legal, con la participación de sus hermanos, María Rosario y Juan Carlos. Para ocultar la procedencia del dinero, García habría evitado ingresar las cantidades en cuentas a su nombre, utilizando en su lugar una cuenta cuyo titular era su hermana y los padres fallecidos del expresidente. Desde esa cuenta se habrían realizado los pagos de la hipoteca mencionada.
Además, los agentes señalan que los hermanos del político habrían utilizado una “comunidad de bienes” para canalizar fondos hacia productos bancarios a nombre de Javier Aureliano García. Según la UCO, se trataría de operaciones simuladas con el objetivo de conferir un origen distinto al dinero, lo que indicaría un intento de encubrir la procedencia de los fondos.
Nuevos imputados
El juez ha elevado a 43 el número de personas imputadas en la investigación de la trama de corrupción en la Diputación de Almería. La decisión responde a los últimos informes de la UCO, que establecen tres líneas principales de investigación. La primera se centra en un contrato presuntamente amañado durante la compra de mascarillas en pandemia, que habría supuesto un coste superior a los 2 millones de euros para la institución.
La segunda línea se refiere a adjudicaciones de obra pública a dos empresas por más de un millón y medio de euros, que también se consideran presuntamente manipuladas. La investigación apunta a que otras contrataciones podrían sumarse a esta situación. La tercera línea analiza el flujo de dinero vinculado a estas adjudicaciones, en el que estarían implicados la antigua cúpula del PP en la Diputación, incluyendo al propio García, al exvicepresidente Fernando Giménez y al exconsejero Óscar Liria.
Por último, el informe de la UCO documenta un viaje de trabajo realizado por Javier Aureliano García a Madrid para actos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo coste superó los 2.000 euros, más una cena cercana a los 400 euros. Según los agentes, el expresidente no visitó la sede de la FEMP durante las 36 horas que permaneció en la capital, y el viaje habría tenido un carácter personal más que profesional.