El juez Eduardo Martínez Gamero sostiene que existen “indicios racionales de criminalidad” contra el ya expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, detenido en la segunda fase del caso mascarillas, a quien atribuye una participación activa y consciente en una presunta red de cobro de comisiones ilegales, camufladas bajo un lenguaje encriptado con términos como “dentista”, “muelas picadas” o “cambiar la piñata”.
Según el auto judicial al que ha tenido acceso EFE, la investigación de la UCO de la Guardia Civil sitúa a García en el vértice de una organización criminal dedicada al cohecho, blanqueo de capitales y fraude en la contratación.
El instructor destaca como indicio clave un mensaje de WhatsApp enviado por García a las 20:53 horas del 8 de abril de 2020, que consistía únicamente en un emoticono de un diente, remitido apenas tres minutos después de firmar la adjudicación de un contrato público de material sanitario a la empresa Azor Corporate Ibérica S.L.
Lenguaje en clave y sobrecostes millonarios en contratos públicos
El magistrado considera que el uso de emoticonos y expresiones relacionadas con la odontología formaría parte de una jerga codificada para referirse a pagos, reparto de beneficios y amaños contractuales. La resolución judicial detalla que el contrato adjudicado a Azor Corporate, propuesto por el entonces diputado de Presidencia Fernando Giménez —también detenido e investigado—, habría generado sobrecostes de 945.327,61 euros, lo que representa el 42,27% del valor total del contrato.
El juez afirma que estos fondos fueron “retornados ficticiamente” a una empresa instrumental llamada CORPFAM, controlada presuntamente por la trama, y que parte del dinero habría sido entregado en efectivo a intermediarios para su distribución entre cargos públicos.
Patrón financiero sospechoso y uso del entorno familiar
El auto judicial justifica la entrada y registro en los domicilios del expresidente y de sus hermanos, M. R. G. M. y J. C. G. M., al detectar un patrón económico incompatible con una actividad lícita. Según el juez, Javier Aureliano García no realizaba retiradas de efectivo, lo que sugiere que sus gastos se sufragaban con dinero no declarado. Además, se detectaron ingresos en efectivo sin justificar en cuentas de su hermana para pagos hipotecarios por valor de 19.750 euros, así como 20.000 euros en metálico para la compra de una parcela, considerados presuntos actos de blanqueo de capitales.
Ante los hechos, se ha ordenado el bloqueo de cuentas y bienes, así como la prohibición de disponer de inmuebles y vehículos. El juzgado también ha autorizado el clonado de teléfonos, ordenadores y dispositivos electrónicos, e incluso el rastreo de posibles billeteras de criptomonedas para localizar el dinero desviado.
Expansión de la investigación a otras contratas públicas
La investigación también apunta a la adjudicación de contratos a las empresas PULCONAL y OYC Servicios Urbanos, supuestamente ligadas a políticos del municipio de Fines (Almería), como el exvicepresidente tercero Óscar Liria, detenido en 2021, y el alcalde de Fines y tío de Liria, Rodrigo Sánchez. Según el auto, estas compañías habrían recibido decenas de contratos sin medios suficientes para ejecutar las obras, mediante un “concierto previo” amañado desde la Diputación.