La familia de Brett Dryden, el ciudadano británico de 35 años hallado muerto en julio de 2024 en su vivienda de Mojácar (Almería), ha ofrecido una recompensa de 20.000 euros para obtener información que permita identificar a los responsables del asalto que sufrió y lograr una condena. La iniciativa busca desbloquear el caso en la vía judicial española, actualmente estancada.
Sandra Dryden, madre del fallecido, ha explicado que la decisión responde a la frustración por la falta de avances en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera. El órgano judicial mantiene el archivo provisional de la causa al no existir autor conocido del robo con violencia, a pesar de los numerosos indicios recabados por la Guardia Civil.
La oferta económica surge tras el envío de hallazgos realizados por investigadores privados contratados por la familia, que fueron remitidos al juzgado sin recibir respuesta. La madre considera que la vía judicial no ha permitido progresos y busca, mediante esta medida, incentivar la colaboración de quienes puedan aportar datos sobre los autores del asalto a la vivienda de su hijo.
El caso ha estado marcado por discrepancias en las pericias forenses. La autopsia inicial realizada en España atribuyó la muerte a un accidente vinculado al consumo de drogas. No obstante, un segundo examen, practicado en noviembre de 2024 en el Reino Unido, concluyó que Dryden falleció por un traumatismo craneal contuso y asfixia por aspiración de sangre, lesiones compatibles con una agresión violenta y descartando la sobredosis como causa de muerte. Además, el informe británico constató que el cuerpo fue repatriado incompleto, sin corazón ni riñón derecho.
La familia no cree la versión oficial
La versión de muerte violenta respaldó la reconstrucción del Equipo de Homicidios de la Guardia Civil, que determinó que la tarde del 21 de julio de 2024, dos individuos encapuchados entraron en la vivienda de la víctima en Ventanicas-El Cantal, permanecieron quince minutos y huyeron con un botín compuesto por un teléfono móvil y unos 8.000 euros en efectivo.
El rastreo digital del iPhone 15 Pro sustraído condujo a una vivienda en la localidad vecina de Vera, ocupada por un hombre con antecedentes por delitos contra el patrimonio. Sin embargo, al no poder identificarse de manera fehaciente al usuario final del dispositivo ni situar a los sospechosos en la escena mediante pruebas biológicas, el juez decretó el sobreseimiento provisional. La familia busca ahora revertir esta decisión a través de la colaboración ciudadana incentivada.