La Policía Nacional ha detenido a tres personas por su presunta implicación en una actividad delictiva desarrollada en un prostíbulo de El Ejido (Almería). Según la investigación, el grupo se habría aprovechado de la vulnerabilidad de mujeres de origen magrebí y latinoamericano, a las que obligaba a ejercer la prostitución, además de realizar actividades ilícitas vinculadas a la venta de sustancias estupefacientes.
Los tres detenidos —un presunto cabecilla y dos integrantes— han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de El Ejido, que ha decretado el ingreso en prisión del principal investigado y la clausura temporal y precinto del establecimiento, tal y como ha comunicado la Policía Nacional.
La operación 'Milanesa'
Las detenciones se enmarcan en la operación Milanesa, desarrollada por agentes del Grupo Ucrif de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Almería. Se investigan delitos de explotación de la prostitución, contra los derechos de ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.
La investigación comenzó en mayo de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un posible entramado delictivo que explotaba sexualmente a mujeres en un local de ocio nocturno de la localidad. Las pesquisas confirmaron que la prostitución se ejercía de manera “habitual y continuada”, lo que motivó un control policial previo con el que se reforzaron los indicios.
Identificación de víctimas y estructura del grupo
Durante la actuación se activaron los protocolos de trata de seres humanos establecidos por la Secretaría de Estado de Seguridad, identificándose a dos posibles víctimas de explotación sexual. Las declaraciones y diligencias permitieron determinar que la organización estaba integrada por tres personas, un hombre y dos mujeres, “con roles claramente diferenciados”.
El principal responsable, con antecedentes desde 2019 —incluido un delito de corrupción de menores—, se encargaba de la captación y traslado de las mujeres, controlaba su actividad, percibía el 50% de cada servicio sexual y gestionaba la venta de cocaína en el interior del local. Las otras dos personas supervisaban, controlaban y llevaban la contabilidad de las trabajadoras, además de colaborar en la distribución de droga.
El 13 de enero de 2026, con autorización judicial y apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), se practicaron registros en el establecimiento y en el domicilio del principal investigado. En la operación se intervinieron dinero en efectivo, libretas de control, documentación y sustancias estupefacientes.
La Policía Nacional ha señalado que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones de personas vinculadas con los hechos.