Una investigación internacional coordinada por la Fiscalía Europea ha permitido desarticular una presunta red criminal dedicada al fraude fiscal a gran escala en el seno de la Unión Europea. La organización, que operaba desde múltiples países, habría defraudado alrededor de 700 millones de euros mediante importaciones de mercancías procedentes de China y la usurpación de la identidad de un centenar de empresas españolas.
La operación se inició tras la denuncia de una empresa de Almería en 2023, cuando esta recibió un requerimiento de la Agencia Tributaria por cuotas de IVA supuestamente defraudadas. La empresa afectada detectó entonces que su identidad mercantil había sido utilizada en operaciones comerciales intracomunitarias en las que no había participado.
Como resultado de las pesquisas, se han detenido diez personas, seis de ellas en España, y se han realizado entradas y registros en diez ubicaciones del país, incluidas Madrid, Badajoz, Badalona, Elche, Manises y Sevilla. Asimismo, cinco personas más han sido puestas bajo investigación. En total, se estima que el fraude cometido en España asciende a unos 56 millones de euros.
Durante la operación se han incautado 5,8 millones de euros en efectivo, de los que la mayor parte, 4,75 millones, fueron localizados en Grecia. Además, se intervinieron criptovalores por valor de 490.000 euros, 475.000 euros en efectivo y una importante cantidad de mercancía: más de 7.000 bicicletas eléctricas y cerca de 3.700 patinetes eléctricos, junto con 480 contenedores en el puerto de El Pireo (Grecia) que serán objeto de inspección.
Empresas pantallas
El entramado delictivo se apoyaba en una red de empresas pantalla y facilitadores profesionales, entre ellos agentes aduaneros y asesores fiscales, que posibilitaban la entrada de productos desde China mediante el uso de documentación falsa y la incorrecta declaración de precios o clasificación de las mercancías. Estas prácticas permitían reducir o eludir el pago de aranceles.
Las mercancías eran introducidas en Europa a través de Grecia y posteriormente transferidas a empresas registradas en otros países europeos, como Bulgaria, Hungría, Italia, Polonia o España. En muchos casos, las empresas implicadas eran ficticias o usaban fraudulentamente la identidad de compañías legítimas, con el objetivo de ocultar el destino final de los productos y beneficiarse de exenciones fiscales.
Tras ser almacenados en instalaciones controladas por la red, los bienes se distribuían a diferentes países del continente. La documentación de transporte se destruía una vez entregada la mercancía, que se comercializaba principalmente en el mercado negro, con pagos en efectivo y al margen del circuito económico legal. Las ganancias obtenidas eran transferidas posteriormente a China mediante complejas técnicas de blanqueo de capitales.