La Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar (Almería) ha condenado al propietario de una vivienda adquirida en una subasta por embargo por coaccionar a su anterior dueña, una mujer de 88 años. El acusado le cortó el suministro de luz y agua en pleno mes de agosto para forzar su salida, sin que se hubiera decretado todavía el lanzamiento judicial.

La víctima seguía viviendo en la casa a la espera de que se acordara el lanzamiento y venía pagando puntualmente ambos servicios. Aun así, el nuevo propietario trató de apremiarla dando de baja los suministros.

La sentencia, que ya es firme, llega tras el reconocimiento de los hechos y la conformidad del acusado, V.M.P.G., que ha admitido el delito y ha aceptado una multa de 14 meses con una cuota diaria de siete euros, lo que suma 2.940 euros, además del pago de las costas del proceso, según ha informado el TSJA.

Perdió su casa tras pagar la hipoteca durante 25 años

La víctima, I.R.L.L., vivía sola y fue embargada de su vivienda al no poder hacer frente al pago de la hipoteca que llevaba abonando durante 25 años.

La casa salió a subasta y fue adquirida por un nuevo propietario que, sin esperar a que terminara el proceso judicial de lanzamiento y ejecución del embargo, consiguió que las compañías de luz y agua interrumpieran el servicio para obligarla a marcharse en pleno agosto.

Hasta ese momento, la anciana estaba al corriente del pago de ambos suministros. Por orden judicial, le fueron restituidos los dos servicios.

El juez ya alertó: no es lo mismo un inquilino en apuros que un 'okupa'

Este caso llevó hace pocas semanas al titular de la plaza número 5 de Roquetas, el juez Claudio García Vidales, a advertir contra las coacciones que algunos propietarios estaban ejerciendo sobre inquilinos inmersos en procesos de embargo, lanzamiento o impagos circunstanciales, a los que confundían con 'okupas' ilegales.

El magistrado subrayó entonces que estas actuaciones eran fruto de un "error de interpretación" de una reciente sentencia del Tribunal Supremo que sí facilitaba este tipo de medidas coercitivas en casos de ocupación ilegal de viviendas.

Esa resolución, sin embargo, distinguía claramente entre el okupa y el inquilino que no puede pagar el alquiler por circunstancias puntuales, al que no está permitido coaccionar.