El juez que instruye el caso 'Mascarillas' en Almería ha acordado abrir una nueva causa para investigar un viaje realizado en junio de 2025 por el expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, ante la sospecha de posibles delitos de malversación y prevaricación. Según el auto, el desplazamiento a Madrid se habría efectuado con fondos públicos sin que conste "ningún tipo de actividad profesional ni acto oficial" que lo justificara.
La decisión se basa en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fechado el 24 de febrero, en el que se analizan varios viajes del expresidente sufragados con dinero público y considerados de carácter personal. El magistrado aprecia indicios de delito, aunque subraya que estos hechos son "completamente diversos de los que se investigan" en la causa principal, por lo que ha ordenado que se tramiten de forma independiente en otro juzgado de instrucción.
El informe policial detalla que García viajó a Madrid los días 26 y 27 de junio de 2025 acompañado por su jefa de gabinete, con un coste total de 1.892,84 euros en desplazamiento y alojamiento abonados por la Diputación. No obstante, no consta acreditada la "causa legal que generó la autorización de tales gastos". Aunque el viaje se justificó en una supuesta reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la investigación señala que el expresidente no acudió a la sede ni mantuvo contactos institucionales, registrándose únicamente estancias en hoteles, paseos y una cena en un restaurante.
El gasto fue autorizado por el entonces vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, también investigado. El juez José Manuel Rey Bellot ha decidido separar estos hechos del núcleo del caso "Mascarillas", centrado en la presunta adjudicación fraudulenta de contratos de material sanitario durante la pandemia.
La investigación
La causa principal se originó tras la detención en junio de 2021 del exvicepresidente tercero Óscar Liria, lo que derivó en la investigación de otros contratos supuestamente irregulares. Actualmente, el procedimiento mantiene a 43 investigados entre cargos públicos, funcionarios, empresarios y sociedades mercantiles. Las pesquisas apuntan a posibles delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación en actuaciones desarrolladas entre 2016 y 2021.
Según la investigación judicial, el presunto entramado habría operado mediante la adjudicación irregular de contratos públicos con la Diputación de Almería como eje, en colaboración con empresas y terceros que actuaban "en connivencia" con cargos públicos para obtener beneficios ilícitos. Los indicios señalan que este sistema se habría desarrollado con el "pleno conocimiento, aquiescencia y participación" del expresidente y del exvicepresidente segundo.