La prioridad debería ser primar las inversiones productivas, con empeño y tesón, y no vender humo cada cuatro años.
Desde hace casi 20 años el puerto de Cádiz necesitaba una conexión ferroviaria y aún sigue pendiente de que se materialice esa inversión. En una ciudad donde el empleo escasea, el puerto se había convertido en una de las pocas fuentes de atraer empleo. Según estudios de la Universidad de Cádiz de 2014, el Puerto de la Bahía de Cádiz movilizaba más de 10.000 puestos de trabajo sumando los generados por la actividad directa, la indirecta y la inducida. En ese estudio se contemplaba que una bajada del tráfico portuario provocaría un considerable aumento del paro.
Ahora ese peligro parece que se va a confirmar porque la principal empresa de contenedores que opera en Cádiz, la Mediterranean Shipping Company (MSC), se va a marchar a Sevilla. El principal motivo del traslado es que, desde allí, le han ofrecido a la compañía una conexión ferroviaria segura, a través del operador ferroviario Medway. Este operador ha montado un servicio diario de mercancías de ida y vuelta entre el puerto hispalense y el portugués de Sines. La inutilidad de los gobernantes gaditanos ha hecho el resto para que esto se produzca, mediante una cadena de despropósitos.
Ya en el año 2.008 se firmó un protocolo para la construcción del trazado ferroviario entre el muelle de La Cabezuela y Puerto Real por parte del Ministerio de Fomento, la Autoridad Portuaria, el consorcio de la Zona Franca y el fracasado Parque Tecnológico Industrial de Las Aletas. Incluso, en 2009, el Gobierno de Zapatero llegó a asignar presupuesto y a licitar la obra. El problema surgió al adjudicarse el proyecto a una UTE en la que una de las dos empresas que las formaban, Ploder Uicesa, no demostró solvencia económica suficiente y sufrió la quiebra, paralizándose la construcción en mayo de 2010. Lo que demostraría, como mínimo, ineptitud de la mesa de contratación al adjudicar el contrato. Tuvieron que pasar siete años, hasta el Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, para que se rescindiera el contrato. Algo inaudito que señalaría la dejadez de los gobernantes.
Una vez solventado este impedimento, la siguiente traba que apareció fue que durante ese tiempo se había trastocado el modelo de financiación. El actual asigna a Puertos del Estado sufragar la obra y a Adif la ejecución. Esto ha provocado, a su vez, que se tenga que redactar un nuevo proyecto de ejecución, con un nuevo trazado, y la necesidad de iniciar nuevos expedientes de expropiación de los terrenos, de adjuntar nuevos informes medioambientales y de completar un sinfín de trámites adicionales. Además, lo más importante, todavía no tiene asignada una consignación económica en los Presupuestos Generales del Estado para que se pueda concretar, por lo que se intuye que esta construcción no verá la luz a corto plazo.
La única iniciativa realista para paralizar este desastre ha partido de la empresa Concasa, la que más sufriría con la pérdida de este movimiento de mercancías. Esta sociedad no se fía de los políticos ni de la Autoridad Portuaria y ha propuesto conectar el puerto de Cádiz por carretera, a través del nuevo puente, con la terminal ferroviaria de contenedores de Jerez, en la Ciudad del Transporte, inaugurada en tiempos de Álvarez Cascos en el año 2000 y que nunca se ha puesto en servicio. Ésta sería una magnífica idea que podría beneficiar tanto a la Bahía de Cádiz como a Jerez, ya que pondría en funcionamiento una infraestructura en desuso en Jerez y presentaría una alternativa ferroviaria digna y económica al puerto de Cádiz.
Lo que no se puede admitir es que durante esos casi 20 años en el que el puerto de Cádiz necesitaba la conexión ferroviaria y que sigue necesitando, se hayan gastado millones de euros en subvenciones, en infraestructuras inútiles, al antojo del político de turno y sin ningún criterio económico de rentabilidad, en administraciones poco operativas y en sueldos de torpes asesores y políticos que no han sabido resolver los problemas reales del ciudadano. La prioridad debería ser primar las inversiones productivas, con empeño y tesón, y no vender humo cada cuatro años. Este asunto de por sí sería una causa suficiente para salir a manifestarse, pero desgraciadamente, como con estas reivindicaciones no se sacan réditos electorales, nadie movilizará la calle. Fomentando el empleo también se asegura el futuro de las pensiones.