Un encuentro amistoso de categoría cadete entre el CD Sanlúcar y el CD Magallanes terminó el pasado sábado en una violenta trifulca que ha generado enorme preocupación entre familias y responsables deportivos. El choque, disputado en las instalaciones de la Quinta de la Paz, en Sanlúcar de Barrameda, se vio empañado por insultos, agresiones y una pelea multitudinaria en la zona de vestuarios.
Agresiones en el vestuario y acusaciones cruzadas
Antonio Peña denunció públicamente los hechos, relatando que “a la altura del minuto 70, dada a la agresividad que había en el juego el responsable del CD Sanlúcar, que en ese momento era el delegado del mismo, decide retirar el equipo del campo para evitar males peores”. Según explicó, cuando el equipo local ya se encontraba en el vestuario, “se acerca el delegado del CD Magallanes y le propina una bofetada en la cara, retirándose posteriormente junto con su entrenador, Luis Alba, como si nada hubiera pasado, siendo testigo una multitud de gente mayores y menores de edad los que presenciaron dicha agresión”.
El altercado, calificado por varios asistentes como “una batalla campal”, dejó una profunda huella entre los jóvenes jugadores, que presenciaron el estallido de violencia en un entorno destinado al deporte formativo. La indignación se extendió entre las familias, que exigen responsabilidades y sanciones ejemplares.
Una madre de un jugador del CD Sanlúcar, muy afectada tras lo ocurrido, ha contado a lavozdelsur.es cómo vivió la pelea: "A mí me cogió allí. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir. Los niños van a jugar, a hacer deporte, no para que dos personas que no saben comportarse en un campo de fútbol, un entrenador y un delegado de entrenador, hagan esto. Si no saben darle a esos niños el valor de jugar y comportarse en un campo, no deberían seguir entrenando. Hay que enseñarles a jugar y respetar”.
El suceso, descrito por testigos como “una locura”, pone de manifiesto la necesidad de erradicar la violencia en el fútbol base y de garantizar que los valores del deporte prevalezcan sobre actitudes que ponen en riesgo la integridad de los menores. Las investigaciones internas y posibles sanciones determinarán ahora el alcance de las consecuencias para los implicados.