La Junta de Andalucía ha dado luz verde a los trámites para convocar un nuevo concurso público de TDT local en un plazo máximo de seis meses. Así lo ha acordado el Consejo de Gobierno, que también ha aprobado un decreto ley para garantizar la continuidad del servicio durante el periodo transitorio, tras la anulación judicial del proceso anterior, convocado en 2021.
El nuevo concurso abarcará todas las licencias vacantes para la prestación de servicios audiovisuales de televisión digital terrestre de carácter privado, comercial y ámbito local. Se incluirán tanto las licencias afectadas por las sentencias que anularon el concurso de 2021, como aquellas que hayan quedado sin titular tras los procesos de renovación tramitados en 2025.
Los pliegos de condiciones de esta nueva convocatoria estarán adaptados al marco normativo vigente, concretamente al Decreto 90/2025, de 2 de abril, que desarrolla la Ley Audiovisual de Andalucía de 2018. Esta actualización normativa busca ofrecer seguridad jurídica y transparencia en el nuevo proceso de adjudicación.
Continuidad provisional
Con el objetivo de evitar un apagón audiovisual y proteger tanto a la ciudadanía como al sector, el Ejecutivo autonómico ha articulado un mecanismo legal que permite la continuidad provisional de las emisiones. De este modo, los actuales titulares de licencias del concurso de 2021 —aunque este haya sido declarado nulo— podrán seguir explotando el servicio de forma temporal, hasta que se resuelva el nuevo procedimiento.
Esta habilitación excepcional se aplica a las demarcaciones afectadas por la anulación judicial, y no implica una prórroga automática de las licencias, sino una fórmula transitoria para preservar el acceso a la TDT local en toda Andalucía.
La Junta, además, explica que así cumple con lo dispuesto en tres resoluciones judiciales clave: las sentencias 3333/2024, 3356/2024 y 3425/2024, emitidas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada. Estas decisiones concluyen que la convocatoria de 2021 carecía de base legal, dado que, según el artículo 27.4 de la ya derogada Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, había expirado la reserva de dominio público radioeléctrico en favor de la comunidad autónoma, requisito esencial para conceder esas licencias.