La portavoz del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, se ha referido este martes a la noticia que adelantó en exclusiva lavozdelsur.es sobre los pagos por "disponibilidad asistencial" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por tres hospitales que la empresa José Manuel Pascual tiene en la provincia de Cádiz. En este sentido, ha denunciado que la Junta de Andalucía ha pagado a Clínicas Pascual en los últimos dos años —realmente la orden de abono se firmó el pasado mes de abril— "un 25 por ciento más de lo que la empresa justifica por actividad", es decir que un 25 por ciento de lo que está ingresando Pascual de dinero público es "a cambio de nada".
Según ha señalado Nieto, en alusión a la resolución del SAS publicada por este medio, y que atañe a un concierto de más de 380 millones de euros hasta junio del año que viene, Pascual ha ingresado 95,2 millones de euros de la Junta de Andalucía por el período que va de junio de 2018 a junio de 2019, "en el cual únicamente justificó 75,6 millones de euros". Del mismo modo, la empresa había justificado 71,31 millones de euros de junio de 2017 a junio de 2018, pero ingresaría 95,2 millones de euros de la administración andaluz.
Nieto ha subrayado que "la Junta de Andalucía tiene establecida una tarifa plana por la cual el operador privado se garantiza los ingresos, haga o no todo lo que tiene concertado con la Junta de Andalucía". De hecho, ha señalado Nieto, "no lo hace". La portavoz parlamentaria de Adelante ha incidido en que "un 25% de lo que está ingresando Pascual de dinero público es a cambio de nada". Según Nieto, "en el peor momento de la sanidad pública en Andalucía, con los mayores retos por delante, con escasez de recursos y personal, tenemos unas clínicas privadas que se llevan un euro de cada cuatro que reciben del SAS por no hacer nada".
Para la también portavoz de Salud del grupo, se trata de una situación "inaceptable" y ha apuntado que "no se puede consentir que sobre esa base se haga una ampliación y se negocie para el año que viene un nuevo concierto en el que siga detrayendo fondos públicos imprescindibles para el SAS cuando lleva dos años facturando un 25 por ciento menos de lo que tenía concertado, pero cobrando como si lo hubiese hecho al cien por cien".
Por su parte, Sanidad FAC-USO Andalucía ha lamentado que 14 municipios de la provincia gaditana tengan ahora como centros de referencia de 15 especialidades médicas tres de los hospitales de Pascual en Cádiz: El Puerto, Sanlúcar y Villamartín. Desde este sindicato, "entendemos que dicha derivación de la población sanitaria, que se escuda en el parón sanitario provocado por la pandemia del Covid-19, supone un reforzamiento de la empresa José Manuel Pascual Pascual SA en la provincia de Cádiz —ya de por sí preocupante— y una mayor dependencia de la sanidad pública respecto a un modelo sanitario y una empresa que no están enfocados en la promoción de la salud y sí a intereses economicistas empresariales privados, como ya reflejó el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su expediente sancionador ES-08/2016".
"Son nuevamente criterios economicistas ultraliberales y de ideología política económica, cuando no espúreos, los que están detrás de dicha derivación de la población sanitaria, entendemos desde Sanidad FAC-USO Andalucía; pues las razones esgrimidas desde la Consejería de Salud y Familias sigue el discurso tradicional que ha desmantelado la sanidad pública, y que suena a las excusas de siempre: agilización de circuitos informáticos y burocráticos, eficacia, eficiencia, rentabilidad... y que se han mostrado falaces e ineficaces en la crisis pandémica provocada por la Covid-19".
Por ello, desde Sanidad FAC-USO Andalucía, solicitamos a la Consejería de Salud y Familias a que "se haga eco del sentir de los nuevos tiempos, a que escuche la sensibilidad de la sociedad respecto a la sanidad pública y a que rectifique la decisión adoptada de forma unilateral sin el concurso de todos los agentes implicados, especialmente de los municipios y de las organizaciones sindicales".
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