Una sargento del Seprona de la Guardia Civil que denunció hace seis años un caso de presunta corrupción interna, ha sido procesada y puede ir a la cárcel por acusación falsa y abuso de derecho contra la Administración militar. Así lo ha estipulado el Juzgado Togado Militar Territorial número 12, encargado de tramitar esta causa en la que se persona como acusación particular el general de Brigada, Fernando Mora, en el año 2013 coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.
Mientras que en un comunicado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que la Guardia Civil "usa el Código Penal Militar contra los trabajadores que se atreven a denunciar corrupción interna", la sargento María Serrano va más allá y en declaraciones a El Plural sostiene que el militar la instigó a "mirar hacia otro lado". “Como jefa de mi unidad, yo inicio investigaciones porque tengo a un cabo y a un guardia que se dedican a todo lo contrario de lo que se tenían que dedicar: a dar chivatazos a empresas y personas físicas que cometían irregularidades de las pesquisas que realizábamos”, sostiene en declaraciones a ese medio.
Según sostiene la sargento, los dos guardias denunciaban las irregularidades y luego preparaban los pliegos de alegaciones de las empresas y personas implicadas con objeto de que no tuvieran más recorrido. Una actuación que llevaban haciendo desde hace más de quince años. Serrano, que requisó el disco duro del cabo, encontró "numerosos pliegos a empresas y personas físicas y jurídicas". "Se dedicaba a denunciar a Mercasevilla y cuando ésta entidad llegaba al juzgado contencioso administrativo por el expediente sancionador de la Junta de Andalucía, esta persona iba como testigo por parte de los denunciados", afirma a El Plural.
En las investigaciones participó otro guardia civil, Javier Navarro Manchado, a quien también le dijeron que se "diera de baja" tras 30 años de servicio. Caso aparte es el del coronel que archivó la denuncia de la sargento, Fernando Mora, hoy general de Brigada. Serrano sostiene que tuvo que soportar gritos y reproches porque "ella no encajaba en el cuerpo" así como que "se olvidara de todo". Su caso llegó al Congreso de los Diputados por parte de la diputada socialista Zaida Cantera, pero el gobierno popular de Rajoy lo desoyó.
La guardia civil, que ha tenido 17 procesos judiciales abiertos, ha interpuesto denuncias al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Justicia Europeo y al Tribunal Superior de Justicio, llegó a ser expulsada de su vivienda, propiedad de la benemérita el pasado mes de octubre. Ahora, a la espera de que se resuelva el recurso que tiene sobre la mesa la ministra de Defensa en funciones Margarita Robles, está a la espera de poder enfrentarse a una condena de cárcel por falsa acusación y contra la administración de justicia.
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