Una familia con dos niñas busca un "alquiler urgente" al saber que será desalojada en cuestión de horas

Juan Castro y Rocío Jiménez empaquetando sus cosas antes de abandonar su casa. FOTO: MANU GARCÍA.
Juan Castro y Rocío Jiménez empaquetando sus cosas antes de abandonar su casa. FOTO: MANU GARCÍA.

Rocío Jiménez (Jerez, 1978) lleva dos semanas sin dormir. No pega ojo desde que le llegó la carta de desalojo con fecha para este 8 de febrero. No obstante, los servicios sociales y su abogada le dijeron que no recogiera, que estaban negociando con Bankia para que le aplicaran un alquiler social en el piso en el que nacieron sus dos hijas, de 12 y 3 años de edad. Pero a las 12:00 horas de este jueves, la trabajadora social la telefoneó. "Te tengo que dar una mala noticia", le dijo. Rocío tembló. "Que el banco no os alquila el piso", continuó. "¿Y qué hacemos?", le preguntó la jerezana. Las respuestas eran de risa.

Los servicios sociales le dijeron que le pagaban un alquiler hasta que pudiera entrar en un piso de emergencia, pero que la residencia la tendrían que buscar ellos mismos. O bien que ella y las niñas se fueran a una casa de acogida. "¿Y el padre?", le preguntó Rocío nerviosa. "¿No tiene con quien irse?", le devolvió la asistente social. Juan Castro (Jerez, 1976), el marido de Rocío, no da crédito de la gestión que han llevado a cabo los servicios sociales con el techo de su familia. Ya que ellos han sabido que tendrán que abandonar su piso, en el polígono San Benito (Jerez), menos de 24 horas antes de su desalojo. "Me río porque ya no tengo lágrimas desde que me llamaron esta mañana".

Son las 16:30 horas. Juan y un amigo de la familia se encuentran desnudando la cocina. Mientras, Rocío recoge los platos del almuerzo a medio comer. En el salón: una caja de herramientas desplegada en el suelo y cajas de cartón repletas de comida y medicina. Las niñas están "en casa de la tata". "Es lo mejor", murmura Rocío. "Con ellas delante no podemos hablar de esto", enlaza Juan. La mayor sufre ataques de ansiedad desde que el pasado enero de 2018 el banco les desahuciara cambiando la cerradura de la puerta de su casa. Pero en mayo del mismo año volvieron a habitarla, esta vez, en calidad de okupas.

Juan Castro y Rocío Jiménez durante la entrevista concedida a lavozdelsur.es. FOTO: MANU GARCÍA.

"Este piso era nuestro hace 14 años", incide la jerezana. Cuentan que tuvieron problemas para pagar la hipoteca en 2013, cinco años después de que Juan, que trabajaba en la construcción, se quedara en el paro por la crisis inmobiliaria de 2008. "Nos vino la cosa mal y no pudimos pagar", dice Rocío, quien explica que estuvieron dos años pagando solo 200 euros en intereses, hasta que volvieron a tener que pagar 480 euros al mes. Y de 24.000 euros, el precio de la hipoteca de su casa pasó a 90.000 euros, la deuda que a día de hoy tienen con Bankia.

Juan no ha vuelto a conseguir un trabajo estable, tan solo temporales, como cantaor o camarero, echando horas en las ferias andaluzas. Y Rocío, que ha trabajado como carnicera, pescadera y camarera, dejó el mundo laboral para criar a sus hijas, hasta que en mayo de 2018 consiguió un contrato de cuatro horas diarias en ayuda a domicilio. "Vamos tirando, buscándonos la vida como sea...", apunta Juan.

Dicen que entre hipoteca, luz, agua, comida y otros gastos, pagan unos 700 euros al mes. Un coste al que no pueden hacer frente todos los meses. "Llevamos 10 años sin llegar a fin de mes, y más de 10 meses pidiendo un alquiler social o una vivienda de protección oficial", sostiene Rocío. La familia estaba pendiente de que los servicios sociales les dieran una buena noticia: "Estos son las llaves, esto es un piso de emergencia...". Pero todo lo contrario. Se sienten decepcionados y tampoco les han dado una explicación de lo sucedido. Es por ello que la familia jerezana está buscando un "alquiler urgente" para poder dormir esta noche bajo un mismo techo. "Un poquito de humanidad", es lo que piden.

"Tuvimos un juicio en noviembre de 2018. Hicimos un pacto de dos meses con el banco, y a los dos meses nos teníamos que ir", explican. No obstante, la trabajadora social y su abogada le dijeron que no hicieran las maletas, que iban a arreglarlo para que el banco les concediera un alquiler social. Y menos de 24 horas antes de la orden de desalojo, le anuncian que tendrán que marcharse del piso. Hasta el momento, dejarán sus pertenencias en la ONG La Salvación, pero todavía no saben dónde pasarán la noche. "Esto no se lo deseo a nadie", terminan.

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Claudia González Romero

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