La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado de que ya se han alcanzado las 26.950 personas en situación de dependencia en Cádiz, que reciben 34.957 prestaciones, "gracias a las actuaciones puestas en marcha tras la aprobación, el pasado mes de abril, de un plan de choque en materia de dependencia".
En una nota, Ruiz ha destacado que, con las medidas contempladas en dicho plan, se han incorporado, hasta noviembre de este año, 2.937 nuevas personas al sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Cádiz. Además, en este periodo se han incorporado 4.555 nuevas prestaciones.
La consejera ha recordado que, recientemente, se han incorporado un total de 28 plazas en residencias públicas para personas mayores en situación de dependencia en la provincia de Cádiz.
El plan de choque cuenta con una inversión de 77 millones de euros y tiene como objetivo simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios.
Ruiz ha subrayado que "se va a seguir trabajando para agilizar todos los trámites y permitir que más andaluces puedan acceder al sistema de la dependencia". Así, se dictará una única resolución que reconocerá la situación de dependencia en el grado que corresponda y el derecho a la prestación que resulte más adecuada a las necesidades de la persona, según ha señalado la consejera. De este modo, el procedimiento administrativo se tramitará en una única fase, con una única resolución y notificación a la persona interesada lo que “permitirá reducir los tiempos y agilizar los trámites en las delegaciones territoriales", ha explicado.
La Junta ha señalado que otra de las medidas en las que se está avanzando es la digitalización de toda la gestión de la dependencia (ventanilla electrónica) así como el desarrollo de un sistema integral de información que incorporará la tramitación electrónica en todo el proceso.
La consejera ha señalado también la priorización del reconocimiento del grado y el derecho a las prestaciones a determinados grupos de especial vulnerabilidad, concretamente, menores de 21 años y personas mayores de 80 años con dependencia moderada
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