Un crowdfunding para acceder a una vivienda digna. El caso de Soledad Romero Vega deja claro que la ley de vivienda no se ajusta a la realidad que viven muchas personas y sobre eso quiere llamar la atención. Esta sevillana de 42 años, natural de El Cuervo, ha recurrido a la plataforma GoFundMe para poder salir adelante. Su impulso para luchar contra las adversidades son sus hijos, de 14 y 12 años, con los que vive en casa de su madre, de 75, en un pequeño piso de su localidad natal desde 2016. Esta mujer, divorciada, sigue luchando de forma incansable pese a las dificultades que la vida le ha puesto en su camino.
En los últimos tres años ha estado intentando terminar el grado de Filología Hispánica mientras estudiaba para hasta cuatro convocatorias de oposiciones. Su deseo, poder mejorar su situación económica. Actualmente, trabaja como auxiliar de servicios en Jerez y cobra el salario mínimo, pero, pese a sus esfuerzos, lleva casi ocho años tratando de acceder a una vivienda, en vano.
“Me está ayudando mucha gente que no me conoce, el aporte más grande ha sido de 500 euros. Para mí no es fácil contar mi situación, fui muy criticada por hacer este crowdfunding”, comenta Soledad, antes de desgranar los obstáculos con que se encuentra.
Para empezar, afirma que el padre de sus hijos no le paga la manutención cuando le corresponde. “Lo he denunciado tres veces, y una ha llegado a lo penal, pero los jueces no pueden hacer nada porque se declara insolvente. No es normal”, cuenta esta madre a lavozdelsur.es.
A esto se suma que la Administración le deniega todas las ayudas que solicita por estar empadronada en la vivienda de su madre. “Me dicen que no supero el mínimo. Mi madre es una simple pensionista que, por desgracia, no se ha dedicado a ninguna actividad”, sostiene.
Cuando intenta buscar un alquiler, las cuentas no le salen. “No puedo pagar 500 euros, es inviable, y no tengo capacidad de ahorro, antes trabajaba media jornada y era capaz”, explica Soledad, que, también ha tratado de acceder a un préstamo hipotecario, sin éxito. Como mucho, le dan el 80% y, sin ahorros, no puede aportar el 20% restante ni tampoco conseguir aval.
"Estuve en coma tras una intervención quirúrgica"
Desde hace seis años, su trabajo depende de un grado de discapacidad del 33% que le dejaron de reconocer a los tres de concederlo al ser revisable. Fue en 2018 cuando estuvo a punto de perder la vida. “Mi espalda dijo que se acabó. Me salieron dos hernias discales y la intervención quirúrgica se complicó, estuve en coma, cogí una meningitis quirúrgica y casi no cuentan conmigo”, comenta la cuerveña, que tuvo que estar un año “en standby” sin poder trabajar. “El diagnóstico que me dieron fue que me iba a quedar en silla de ruedas, me negué, me dediqué a recuperarme”, dice con un hilo de voz.
Cuando se encontró con fuerzas, pudo retomar la actividad laboral. Con la acreditación de su discapacidad pudo contar con la ayuda de Andalucía Orienta, que buscó una plaza para ella. Un puesto en el que teme no continuar al ya no disponer de ese grado. En la actualidad, Soledad se encuentra inmersa en un proceso de reclamación a la Administración para poder recuperarlo. No entiende cómo no se lo concedieron, aun presentando, para su desgracia, una situación peor.
“Además, el año antes de hacerme la revisión sufrí un accidente de tráfico, no fue nada grave, pero me dio un latigazo cervical y me detectaron hernias cervicales que se sumaron a las que ya tenía. Cuando fui a la revisión, no me lo dieron”, detalla esta madre que siente dolor cuando hace limpieza en casa y procura ir a pilates para mejorar.
“Yo tengo que seguir con mi vida”, dice. La palabra resiliencia la lleva marcada desde que descubrió que su exmarido había contraído deudas ligadas al bar que abrieron juntos con sus ahorros. La crisis financiera de 2008 lo dejó a él en paro y ella, tuvo que dejar sus estudios para trabajar en supermercados y limpiando casa. Se les ocurrió montar su negocio, pero la historia no tuvo un final feliz. “Él hacía cosas a mis espaldas, abrió una segunda hipoteca, me enteré de que tenía en total una deuda de un cuarto de millón de euros cuando fui a hacer un trámite en la Seguridad Social, no me lo podía creer”, comenta Soledad, que mantiene haber sufrido maltrato psicológico y que, desde 2013, cuando se divorció, se instaló en casa de su madre y se reinventó para tener independencia económica.
Así, comenzó a trabajar con ahínco en lo que pudo, en ferias, en hostelería o cuidando a personas mayores. Entabló una relación con otra persona, con la que convivía en Dos Hermanas. Pero cuando se separaron, de nuevo tuvo que regresar a su casa familiar. Desde entonces ha movido cielo y tierra para, pese a los baches, intentar irse a vivir con sus hijos a una casa.
“Soy una persona normal, no se trata de dar pena, quiero hacer ver que para mí es casi imposible acceder a una vivienda. No estamos avanzando en absoluto, estamos retrocediendo. Mis padres pudieron tener su casa y todo recayó en una persona. Y yo no tengo para hacer lo que hicieron mis padres y soy una persona con recursos, polivalente. Ni siendo mano de obra. Al final, dependo siempre de otra persona, de compartir gastos, para poder vivir en una casa”, reivindica.
Soledad no pierde la esperanza y sigue luchando contra viento y marea. Busca apoyo económico para poder pagar la cuantía restante de la que no dispone para un piso. Con su testimonio, quiere visibilizar “una realidad que se tapa y sufren muchas personas”.
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