El Boletín Oficial del Estado ha publicado recientemente un recordatorio sobre la obligación que tienen los ciudadanos en España de estar empadronados en el municipio donde residen habitualmente. De no cumplir con esta sencilla norma, las personas afectadas tienen que someterse a posibles sanciones. Este registro es necesario para acceder a determinados servicios públicos, pero también para la asignación de recursos municipales o, en última instancia, para votar en las elecciones.
Lo cierto es que el trámite es relativamente sencillo. No obstante, en muchas ocasiones se trata de algo que los ciudadanos van dejando y acaba en el olvido a pesar de ser algo fundamental para el día a día como ciudadano de un estado de derecho.
Además es algo regulado desde hace bastante tiempo. El Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio establece la obligación del empadronamiento. En este sentido, aclara que si vive entre dos municipios, debe inscribirse en el domicilio en el que pase más tiempo durante un año.
Y es que, en caso de no cumplir algo tan fácil de llevar a cabo, los ciudadanos se exponen a sanciones administrativas. En la mencionada ley señala a los ayuntamientos como responsables de ejecutar estas sanciones a las personas que no cumplan la obligación del padrón. No obstante, estas multas no son iguales para todos.
En esto es clave el tamaño del municipio. La multa puede ser insignificante en los municipios de menos de 5.000 habitantes ya que son de 3 euros. La cifra asciende hasta los 30 euros en los municipios que no llegan a 20.000 habitantes. Para los que están entre 20.000 y 50.000 la sanción llega a los 60 euros. El siguiente tramo es más amplio, para municipios de hasta 500.000 habitantes, donde la multa es de 90. Por último, los que superen esta cifra tienen sanciones de 150 euros.