"El rey Juan Carlos está en estado grave y la Casa Real valora la posibilidad de su traslado a España. Sus hijas, Elena y Cristina, han sido los únicos miembros de su familia que se han desplazado de momento a Abu Dabi", escribe en redes sociales la periodista Pilar Eyre, gran conocedora de la Casa Real.
El rey emérito anunció, en agosto de 2020, que se iba del país, "ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada", según un comunicado difundido entonces por la Casa del Rey. Este anuncio se produjo en plena investigación judicial de las finanzas del monarca. La decisión de trasladar su residencia fuera de España la tomó "con profundo sentimiento, pero con gran serenidad" con el fin de "contribuir a facilitar el ejercicio" de las funciones de su hijo como Jefe de Estado".
Las supuestas actividades ilícitas perpetradas por el rey Juan Carlos han llevado a partidos republicaciones a denunciarlo ante Fiscalía, que recientemente inadmitió una querella presentada por Izquierda Unida, el Partido Comunista de España (PCE), y al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda contra el emérito tras la regularización fiscal que presentó en diciembre ante Hacienda, que ampliaba una anterior, tras conocerse los pagos realizados con tarjetas opacas con dinero supuestamente vinculado al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
La Fiscalía afirma que las diligencias de investigación se encuentran pendientes de la práctica de varias diligencias, "cuya realización será decisiva para determinar la participación que la persona investigada hubiese podido tener en la realización de tales hechos, y la consideración técnico-jurídica que los mismos pudieran merecer". Añade que "solo en el supuesto de que la persona del investigado (u otra u otras en su caso) fuesen presuntamente responsables de hechos con significación penal, el Fiscal interesaría su inmediata judicialización formulando la oportuna denuncia o querella".
En esta querella se acusa al exmonarca de la presunta comisión de un total de 13 delitos y está dirigida, además de contra el emérito, contra su examiga Corinna Larsen, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y el primo del rey emérito Álvaro Orleans Borbón.
La ampliación que ha merecido el nuevo informe de la Fiscalía completa los nombres con los del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, al servicio del rey emérito y que habría actuado supuestamente como testaferro en el pago de diversas facturas; y menciona la regularización fiscal que Juan Carlos I presentó ante la Agencia Tributaria en relación con el uso de esos fondos.
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