Cinco años después de su puesta en marcha, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como una de las principales herramientas del Gobierno para combatir la pobreza en España. En Andalucía, desde su implantación en junio de 2020, esta prestación ha alcanzado a 957.032 personas, distribuidas en 314.046 hogares. Casi la mitad de los beneficiarios son menores de edad, con un total de 405.952 niños, niñas y adolescentes, según los últimos datos correspondientes a la nómina de abril.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha enmarcado esta prestación dentro del escudo social promovido por el Ejecutivo central. Según ha señalado, el IMV ha sido esencial para afrontar el impacto económico de la pandemia y sigue desempeñando un papel relevante ante la actual crisis inflacionaria provocada por la guerra en Ucrania.
Desde su entrada en vigor, el Estado ha destinado 4.312,45 millones de euros al abono de estas ayudas en Andalucía, a través de la Seguridad Social. El Ejecutivo considera que esta inversión responde al compromiso constitucional de garantizar la dignidad de la ciudadanía y de luchar contra la exclusión social, objetivos que el IMV busca materializar en su diseño.
Las autoridades apuntan a que esta prestación, junto con otras políticas de protección del empleo, ha contribuido a reducir los niveles de pobreza en el conjunto del país. También destacan su efecto en la mejora del poder adquisitivo de los hogares más desfavorecidos, uno de los grupos prioritarios del programa.
Andalucía, por encima de la media en pobreza
Pese a estos avances, Andalucía sigue presentando una tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social diez puntos por encima de la media nacional, según el índice Arope. En este contexto, el Gobierno central ha instado a la Junta de Andalucía a intensificar sus esfuerzos en materia de servicios sociales, al tratarse de una competencia autonómica.
Entre las mejoras introducidas en el IMV se encuentra el incremento de las cuantías y la incorporación de nuevas herramientas como el complemento de ayuda a la infancia. Esta medida ha alcanzado a 165.600 unidades de convivencia en la región, con el objetivo de ampliar la cobertura y aumentar la efectividad del programa.
En abril, la prestación llegó a 227.277 hogares andaluces, que agrupan a 706.760 personas. La cuantía media por hogar fue de 476,98 euros mensuales, con una nómina total de 120,14 millones de euros. En comparación con el mismo mes de 2024, se registró un incremento del 21,8% en el número de prestaciones activas y del 22,5% en el número de beneficiarios. El perfil de los receptores continúa siendo mayoritariamente femenino: el 73,4% de los titulares eran mujeres, así como el 53% del total de personas beneficiarias.