Pompeyo G.P., el jubilado de 74 años acusado de enviar cartas bomba al presidente del Gobierno o a las embajadas de EEUU y Ucrania, ha sido enviado a prisión por la fiscal de la Audiencia Nacional, Ana Noé. El hombre se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado.
La Audiencia Nacional ordena así el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el jubilado de Miranda de Ebro presunto autor del envío de cartas explosivas. El Ministerio Público le atribuye seis delitos de terrorismo —uno por cada carta incendiaria enviada—, dos de ellos agravados por ir dirigidas a miembros del Gobierno. Esos delitos irían en concurso con un delito fabricación, empleo de artefactos explosivos, inflamables, incendiarios con finalidad terrorista.
La Fiscalía motiva su petición de prisión incondicional por el riesgo de fuga, de ocultación de fuentes de prueba y riesgo de comisión de otros hechos delictivos. El jubilado remitió hasta seis cartas a finales del pasado mes de noviembre y principios de diciembre a instituciones como Presidencia del Gobierno, Ministerio de Defensa o las embajadas de EEUU y Ucrania en España.
El hombre, de 74 años, es muy activo en redes sociales y tiene conocimientos técnicos e informáticos, según informaron fuentes del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. El arrestado, que fue funcionario del consistorio de Vitoria hasta 2013, residía en una pequeña vivienda en la calle del Clavel de Miranda de Ebro, donde especialistas de la Policía Nacional llevaron a cabo este miércoles un registro.
El Ministerio del Interior subrayó que la investigación ha sido muy "compleja y laboriosa", afectando a varias provincias de España. Las diligencias han podido determinar que todos los envíos de las seis cartas se realizaron desde la ciudad de Burgos. El pasado 3 de enero el juez de la Audiencia Nacional que investiga el envío de esta serie de cartas explosivas acordó abrir una nueva línea de investigación en la causa para llevar a cabo una serie de pesquisas de carácter tecnológico.