El PSOE y Por Andalucía han cargado este lunes contra la Junta de Andalucía por lo que califican como una gestión “negligente” de datos personales de miles de estudiantes andaluces, presuntamente cedidos a la multinacional tecnológica Google. Ambas formaciones han exigido explicaciones urgentes a la Consejería de Desarrollo Educativo sobre el alcance real de estos hechos.
La polémica surge tras una información publicada por El País, que revela que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha amonestado a la Consejería con seis sanciones, dos de ellas consideradas muy graves, aunque sin imponer sanción económica. El motivo es el presunto incumplimiento de varios artículos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo en un convenio firmado con Google.
Un convenio educativo bajo la lupa del Consejo de Transparencia
Según la información conocida, dicho acuerdo habría supuesto la cesión de datos privados de más de 738.000 estudiantes y 43.200 docentes, pertenecientes a 2.676 centros educativos andaluces. A cambio, la administración autonómica obtenía acceso a la plataforma educativa virtual Workplace for Education, utilizada como entorno digital en los centros.
Desde la Consejería de Desarrollo Educativo, sin embargo, se ha negado que se hayan cedido datos personales a la empresa tecnológica. El departamento sostiene que el Consejo no cuestiona la cesión en sí, sino la falta de medidas más claras de información a los usuarios y de formación al profesorado sobre la creación de cuentas y el tratamiento de los datos asociados.
En respuesta a los requerimientos del órgano de control, la Consejería asegura haber elaborado un plan de acción con medidas ya en marcha para subsanar las deficiencias detectadas. En este sentido, defiende que “no ha existido vulneración de la protección de los datos de los miembros de la comunidad educativa de Andalucía”.
La administración autonómica insiste en que todas las cuentas creadas lo fueron de forma anónima y que Google “nunca ha tenido acceso a contraseñas ni ha podido usar los datos para fines comerciales”. Además, recuerda que otras comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Navarra, Madrid, Extremadura, Canarias o Baleares mantienen acuerdos similares con la misma empresa.
La oposición exige transparencia y la retirada del acuerdo
Pese a estas explicaciones, tanto el PSOE como Por Andalucía consideran insuficientes las aclaraciones ofrecidas y reclaman información “clara y detallada” sobre lo ocurrido y sobre el impacto que este convenio haya podido tener en el sistema educativo andaluz.
En un comunicado, los socialistas han advertido de que la educación pública “no puede servir de excusa para comprometer la privacidad de nuestros menores”. Por ello, exigen retirar de inmediato el convenio, suspender su aplicación en todos los centros y garantizar que ninguna empresa privada acceda a datos sensibles sin garantías reales de protección.
Por su parte, el candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, ha anunciado la presentación de una batería de iniciativas en el Parlamento andaluz para esclarecer lo sucedido. A su juicio, se trata de un asunto “de extrema gravedad” que requiere explicaciones políticas y administrativas en profundidad.