El sindicato Manos Limpias, que ya lo involucra en una denuncia por presuntas irregularidades en la gestión y explotación del Circuito de Jerez, lo acusa ahora de fraude fiscal y solicita medidas cautelares por riesgo de fuga.
El sindicato Manos Limpias se ha personado ante la Audiencia Nacional en su causa por presunto delito fiscal contra Dorna y su consejero delegado Carmelo Ezpeleta. Según adelanta el diario AS, en la querella, tramitada por solicitud de la compañía italiana Sel Sport, se pide el ingreso en prisión cautelar de Ezpeleta alegando "la gravedad de los hechos que se le imputan y al existir riesgo de fuga".
De acuerdo al documento presentado por Manos Limpias, Ezepeleta dispondría de capital en situación irregular fuera de España, de ahí que la denuncia la haya interpuesto en representación de Sel Sport, empresa italiana especializada en la logística y el transporte de material de varios campeonatos de diversa índole, entre ellos MotoGP. Pier Carlo Bottero, presidente de dicha empresa, ha asegurado al diario La Repubblica que Dorna le obligaba a trabajar con una empresa "pantalla" ubicada en Amsterdam, con el objetivo, presuntamente, de evitar tributar en España, "aunque en realidad todo pasaba por las oficinas de Dorna en Barcelona y Madrid" explica Bottero.
La Audiencia Nacional podría decidir en un plazo de dos semanas si admite o archiva la querella presentada por Manos Limpias en delegación de Sel Sport, que fue la empresa encargada del transporte del material de MotoGP entre 2009 y 2014. Pier Carlo Bottero, su presidente, denuncia que Dorna evadía presuntamente impuestos a través de una sociedad en Holanda.
Hay que recordar que Manos Limpias ya presentó una denuncia por presuntas irregularidades en la gestión y explotación del Circuito de Jerez en la que, entre otras personas como la exalcaldesa María José García-Pelayo o su ex teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, se encuentra el propio Ezpeleta. Además, a principios de marzo, el Tribunal Constitucional ratificó una sentencia condenatoria contra su persona, al que le exige una multa de 3,9 millones de euros por una simulación de compraventa de acciones llevada a cabo entre 2003 y 2004 con el objetivo de obtener ventajas fiscales y un reparto de dividendos encubierto, condenando también a Enrique Aldama, directivo de Dorna, a abonar otros 2,7 millones de euros por el mismo motivo. En total, Dorna tendrá que abonarcerca de 25 millones de euros para hacer frente a las liquidaciones del impuesto de sociedades e IRPF correspondientes a aquel periodo.
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